Ante la polémica que ha generado en la Asamblea Legislativa la propuesta de derogar el artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, que define los ataques a la paz pública como delito, surgió una propuesta intermedia, que plantea que sin eliminar dicha disposición se reduzca la penalidad, de cinco a 30 años, como está ahora, a de cuatro a seis años de prisión, a fin de que los detenidos por los disturbios del pasado primero de diciembre puedan enfrentar el proceso fuera de la cárcel.

Así lo aseguró el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Manuel Granados Covarrubias, quien consideró que se trata de una salida jurídica viable, pues lo importante es que puedan salir las y los compañeros (que están detenidos) y haya certeza, para que no exista bajo ninguna circunstancia, un esquema del rompimiento del orden legal, apuntó.

En coincidencia, la perredista Ariadna Montiel expresó que si bien Izquierda Democrática Nacional (IDN) ha planteado la derogación del artículo, se han hecho distintos análisis en el PRD en la búsqueda de tener una postura única, a fin de liberar a los presos del primero de diciembre y evitar que en el futuro vuelva a ocurrir una situación similar.

Se está construyendo esta propuesta, salvaguardando que hay otro tipo de delitos que podrían encajar en una circunstancia similar que no necesariamente son protestas políticas, argumentó, al comentar que la oposición, en el caso del PRI, no es de extrañar, porque han actuado como gobierno reprimiendo las manifestaciones.

A su vez, la diputada Dinorah Pizano, una de las promotoras de la iniciativa, explicó que si bien la idea original era derogarlo, “conforme han avanzado las negociaciones hay voces que señalan que lo más conveniente es sólo considerar la perturbación de la paz pública como un delito no grave.

Estamos buscando los acuerdos para llevarlo a votación el próximo miércoles, pues si los partidos de oposición no van a estar de acuerdo con el respeto de los derechos humanos de los jóvenes presos nosotros sí queremos acompañar esta lucha, apuntó.

Sin embargo, la propuesta de disminuir las penas por perturbar la paz pública en lugar de derogar el artículo 362 fue rechazada por diputados federales del PRD, que están apoyando en este proceso a los familiares de los detenidos.