La reforma educativa aprobada en el Congreso de la Unión es un paso positivo, pero es un esfuerzo que se quedó en el marco de lo posible, pues es sólo una transformación normativa, afirmaron especialistas en el sistema educativo nacional.

En entrevista por separado, Ángel Díaz Barriga, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Carlos Muñoz Izquierdo, catedrático de la Universidad Iberoamericana (Uia), apuntaron que una verdadera reforma educativa implicaría saber cómo es el sistema de formación de profesores y cómo trabaja el docente en las escuelas, lo que no se logrará sólo con la aplicación de evaluaciones estandarizadas.

Se desperdició la oportunidad de analizar las regulaciones específicas sobre la formación en las normales, tanto en el sentido de que requieren mayor autonomía académica y el que se abra la posibilidad de que también se formen maestros en las facultades universitarias, aseguró Díaz Barriga, experto del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación.

Destacó que al tocar aspectos como las condiciones de ingreso y permanencia en el servicio docente “se le da un mensaje al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) –a consecuencia de sus excesos– de que no puede intervenir en las decisiones de política educativa”.

Pero al final, apuntó, la reforma se quedó en lo posible, porque la intención inicial era condicionar la permanencia de los maestros en el servicio docente a los resultados obtenidos en su evaluación, pero es una meta que quizá se logre en 20 o 25 años.

Sin embargo, advirtió que el gran error del presidente Enrique Peña Nieto en su propuesta de reforma fue que sólo atendió las peticiones de organizaciones empresariales como Mexicanos Primero, y no abrió una discusión con el sector académico en particular sobre la formación de los docentes.

Apuntó que organizaciones como Mexicanos Primero han inducido a un error, pues se piensa que presentar un examen es igual a evaluar y no es así. Evaluar sólo es el primer paso de un proceso que nos permita explicar por qué tenemos determinados indicadores educativos, y eso es lo que aún no sabemos.

Al respecto, Muñoz Izquierdo, ex director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Uia, calificó como positivo el esfuerzo de elevar a nivel constitucional la evaluación, aunque advirtió que falta comprobar que sea posible todo lo que se incluyó en la reforma.

Además, enfatizó, se trata de una transformación técnica, positiva, pero que aún demanda una reforma en lo pedagógico. Y si bien ataca uno de los principales diques para lograr una verdadera modificación del sistema educativo, debemos esperar a que se lleve a la práctica.

Destacó que con las modificaciones aprobadas por el Congreso al ahora denominado Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, que tendrá autonomía, patrimonio propio y será el organismo rector de la política de evaluación, enfrentamos el riesgo de que se politice.

Y advirtió que ante el anuncio de una clara resistencia del SNTE y la disidencia magisterial, se requerirá de una enorme capacidad de negociación política para echar a andar las modificaciones aprobadas por los legisladores.

Díaz Barriga enfatizó que es necesario abrir el debate público sobre cómo se van a modificar las leyes reglamentarias para aplicar la reforma a los artículos tercero y 73 constitucional, tarea en la que, insistió, debe participar el sector académico.

Agregó que si bien las modificaciones afectan el sistema de ingreso, selección y permanencia del profesorado, esto es resultado de los abusos que el SNTE tuvo en la asignación y control de las plazas. Se extralimitó en sus funciones, y viene una respuesta del Estado para tratar de acotarlo, aunque no sabemos si lo va a lograr; es claro que el Presidente de la República tuvo que sentarse con Elba Esther Gordillo y discutir el asunto.

Consideró que el llamado de la lideresa del gremio magisterial a la movilización contra la reforma educativa es una rearticulación de un proyecto, es jugar a las vencidas con el Estado para sacar alguna ganancia o por lo menos evitar que la reforma, como fue aprobada, tenga el impacto que se esperaba en el sindicato. Sin duda, inició ya su jugada política.