A 15 años de la masacre de Acteal, Amnistía Internacional (AI) informó ayer que el Estado mexicano tiene una deuda de justicia con las víctimas y sus familiares, quienes continúan viviendo con el dolor y las consecuencias de esta atrocidad.

En un comunicado, destacó que las autoridades siguen fallando en su obligación fundamental de investigar de forma independiente los hechos y llevar ante la ley a todas las personas responsables de los mismos.

Frente a esta situación, hizo un enérgico llamado a las autoridades estatales y federales para que cumplan con su obligación de asegurar el acceso a la verdad, justicia y reparación a las víctimas de la masacre. Sin justicia en este y en otros casos, las autoridades condenan a las comunidades al miedo y al peligro de más violencia, enfatizó.

Por su lado, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad criticó la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en este caso y en el de los niños muertos en la guardería ABC, pues en ambos procedió bajo consigna política y no en atención al principio del bien común.

Ignacio Huape, integrante de la agrupación, expuso que a los ministros no les importó la sangre de los niños de la guardería ni la de los indígenas de Acteal, y esa sangre la llevarán en las manos hasta el día de su muerte.

Consideró que es una bofetada a la democracia que continúe la impunidad en estos casos; representa la cima de la injusticia en el país, subrayó.

En un comunicado, Amnistía Internacional recordó que el 22 de diciembre de 1997, 45 indígenas tzotziles, principalmente mujeres y niños, fueron asesinados en Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas.

Agregó que esta masacre permanece como uno de los momentos más oscuros de la historia reciente de México. Los fallos de las autoridades para esclarecer los hechos, llevar a todas las personas responsables, por acción u omisión, ante la justicia y proporcionar reparaciones adecuadas a las víctimas no hacen sino acrecentar esta oscuridad, puntualizó.

El organismo internacional también se refirió a que en 2009 la SCJN decidió liberar a las personas acusadas de participar en la matanza debido a irregularidades en el proceso judicial, que habían sido previamente señaladas por diversas organizaciones sin que la Procuraduría General de la República actuara para corregirlas.

Esta decisión muestra una vez más las serias deficiencias del sistema de justicia mexicano para investigar, perseguir y castigar a las personas responsables de graves violaciones de derechos humanos garantizando un juicio justo, destacó.

Resaltó, por último, que la impunidad se ha perpetuado, pese a las reiteradas exigencias de organizaciones sociales para que las autoridades cumplan con su obligación de investigar exhaustivamente y con respeto a todas las garantías, para así establecer la verdad y hacer rendir cuentas a quienes resulten responsables, incluyendo la posible participación de altos funcionarios e integrantes del Ejército.