Vecinos de la colonia Anzures, en la delegación Miguel Hidalgo, manifestaron que para la aprobación del cambio uso de suelo, que permitiría la construcción de una torre de 60 niveles en Mariano Escobedo y Melchor Ocampo, el Gobierno del Distrito Federal se saltó la normatividad. Es decir: no sólo violó leyes, sino también los derechos de ciudadanos que se oponen al proyecto que demerita la calidad de vida de los ciudadanos.

El pasado sábado, la Comisión de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Asamblea Legislativa aprobó en comisiones el cambio, que se pretende subir al pleno el próximo miércoles, situación que molestó a los habitantes de la colonia, que rechazan el proyecto denominado Puerta Reforma.

Desde hace varios meses, cuando se enteraron de la construcción, los residentes de la colonia Anzures manifestaron su descontento, pues la zona se encuentran saturada de desarrollos inmobiliarios, lo cual ha generado caos vial e insuficiencia de servicios públicos, como la distribución de agua potable.

Ante la negativa de la autoridad, tanto del Distrito Federal como de la delegación Miguel Hidalgo, para atender a los ciudadanos, el comité vecinal recurrió a la justicia federal para impedir el proyecto y espera que acepte el recurso de amparo interpuesto el pasado miércoles.

Los diputados presentaron la propuesta de cambio sin constituir la Comisión de modificación de uso de suelo, por medio de la cual se debe hacer el cambio de los siete predios, donde sólo se permiten inmuebles de 10 pisos, expusieron los vecinos.

Además, agregaron, de acuerdo con una investigación que realizaron, la modificación no se debe concretar sin antes hacer la fusión de los terrenos. Tenemos entendido que cada predio tiene su número oficial y por lo menos hay dos propietarios: uno es una inmobiliaria y el otro un particular, por lo que la solicitud de modificación al uso de suelo debe ser por cada uno de los propietarios, pero la autoridad avaló sólo una, lo cual es irregular.

Los vecinos han solicitado información y hasta el momento, aseguraron, los nueve miembros de la comisión que señala el artículo 41 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal no se integraron. Entre los miembros debieron estar representantes de la ALDF, de la Setravi, de Medio Ambiente y Consejería Jurídica, entre otros.

Además, también debió participar el comité vecinal de la colonia Anzures, y nunca fue convocado, como tampoco se hizo la consulta pública.

Ante esa situación, los vecinos pidieron a los diputados no aprobar el cambio, porque colapsaría la zona.