Durante los cuatro años pasados, Estados Unidos entregó, tanto en equipo táctico como en inversión para capacitadores, cerca de 5 millones de dólares al gobierno mexicano; capacitó a cientos de funcionarios municipales, estatales y federales en el manejo de prisiones, además de apoyar la creación de una academia especializada en Veracruz. Sin embargo, la ayuda no se ha reflejado en la mejora del sistema de prisiones, afirmaron los académicos y abogados penitenciaristas Rogelio Garza y José Patiño.

La crisis en las cárceles del país no disminuyó en los seis años recientes, sino que se agudizó, indicó Garza, mientras que Patiño recordó los resultados del reciente diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el cual indicó que de 2010 a la fecha en el país se documentaron al menos 14 fugas, en las que se evadieron 521 internos, 75 riñas y dos motines con un saldo de 352 muertos y 32 heridos.

Información proporcionada a La Jornada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal refiere que en el marco de la Iniciativa Mérida, el gobierno de Estados Unidos ha apoyado lo que denomina la reforma integral del sistema penitenciario, mediante la donación de equipos especializados y la impartición de programas de capacitación y asistencia técnica.

Con la ayuda del gobierno de Washington, por ejemplo, se inauguró en mayo de 2009 la Academia Nacional de Administración Penitenciaria, en Xalapa, Veracruz, de la que han egresado 3 mil 479 oficiales.

Además, se han capacitado a más de 300 instructores en academias de correccionales de Nuevo México y Colorado.

Entre las enseñanzas que se han impartido a los funcionarios mexicanos se enlista un sistema de clasificación de internos, que los ubica conforme al nivel de riesgo. En este rubro, el gobierno de Estados Unidos previó 700 mil dólares para desarrollar mecanismos sobre una eficiente separación de los reclusos.

Justamente para la CNDH uno de los principales problemas es la mala clasificación de los internos, muchos de los cuales son de alta peligrosidad, pero están recluidos en cárceles de mínima protección.

José Patiño, penitenciarista y profesor en diversos centros de capacitación policial, tanto estatales como federal, dijo a este diario que tan sólo en el Centro de Reinserción Social de Piedras Negras –donde 131 prisioneros se fugaron recientemente– es un penal que se concibió hace 40 años con la idea de que albergara a presos de bajo riesgo, pero actualmente está destinado a reos de alta peligrosidad.

El penalista Rogelio Garza aseguró que pese al apoyo de Estados Unidos a México, mediante la llamada Iniciativa Mérida, el sistema penitenciario mexicano sigue siendo un reverendo fracaso. Y lo seguirá siendo mientras no se modifiquen las reglas procesales para que sean menos los delitos graves que ameriten prisión. Las cosas seguirán igual si, además, no se comienza a cambiar la cultura jurídica del Ministerio Público que hoy ve a todos como culpables. Urge fortalecer el derecho a la presunción de inocencia.

De acuerdo con informes de la embajada de Estados Unidos en México, con los apoyos se incrementó la protección a los derechos individuales en el país, mejorando las condiciones de las cárceles nacionales y ampliando la coordinación con sus sistemas correccionales.

En 2011, por ejemplo, la sede diplomática anunció una aportación al sistema penitenciario federal de un equipo biométrico, con valor de 2.5 millones de dólares, para capturar y almacenar la identificación de los internos, y así brindar una mayor seguridad a las instalaciones penitenciarias.

El abogado José Patiño planteó que los apoyos de la Iniciativa Mérida en esta materia, que son necesarios aunque insuficientes, lleguen también a otros rubros como el servicio civil de carrera.