En medio de demandas judiciales y permisos ambientales cancelados, la Minera San Xavier desde 2007 explota el Cerro de San Pedro en San Luis Potosí. Actualmente un juzgado está por resolver la revisión de un amparo que estableció la inconstitucionalidad de la modificación del uso de suelo en el municipio, era de conservación ambiental y pasó a ser de uso minero, y con el cual la minera obtuvo el último permiso ambiental.

Luego de que el gobierno estatal publicó un plan de desarrollo urbano de Cerro de San Pedro en el que modificó el uso de suelo de restauración de vida silvestre por uso minero, Rafael Flores, habitante de la localidad, obtuvo un amparo en junio, el cual declaró inconstitucional el nuevo plan de ordenamiento urbano, explicó Juan Carlos Ruiz Guadalajara del Frente Amplio Opositor (FAO) a Minera San Xavier.

Ante la resolución judicial, Minera San Xavier interpuso un recurso de revisión el 30 de septiembre pasado, admitido el 8 de octubre en el segundo tribunal colegiado del noveno circuito con sede en San Luis Potosí, aunque éste fue otorgado en Guadalajara. Sigue pendiente la resolución del tribunal, explicó Ruiz Guadalajara.

Indicó que la empresa presentó en septiembre una nueva manifestación de impacto ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para ampliar el tajo a cielo abierto, proceso por el que extrae plata y oro.

El conflicto con la empresa de origen canadiense comenzó en 1999, cuando la Semarnat la autorizó a explotar el Cerro de San Pedro mediante la técnica de tajo abierto. Desde entonces, habitantes e integrantes de organizaciones como pro San Luis Ecológico y el FAO comenzaron la defensa jurídica del sitio. En 2004 el noveno tribunal colegiado administrativo del primer circuito en la ciudad de México decretó la nulidad lisa y llana de la autorización ambiental por violaciones a la legislación ecológica.

La minera se amparó y volvió a obtener autorización de la Semarnat, impugnada por los opositores, pero aún así comenzó la destrucción de la zona decretada en 1993 de preservación y restauración de la vida silvestre. En otras ocasiones se le volvió a negar el permiso, porque el uso de suelo no es compatible con la actividad minera, y en 2011 el gobierno del estado publicó en el Diario Oficial el plan de desarrollo urbano de centro de población de Cerro de San Pedro, el cual establece que 75 por ciento de la superficie del municipio sería de uso minero. Este fue decretado como inconstitucional por el juzgado de Guadalajara.