as autoridades del Distrito Federal no han conseguido demostrar que los detenidos por el suceso del primero de diciembre sean los verdaderos responsables de los actos de provocación que ocurrieron ese día. Familiares y defensores han exhibido imágenes, así como relatos de numerosos testigos presenciales que desmienten las acusaciones y, por el contrario, subrayan la arbitrariedad con que actuó la fuerza pública en el intento de dar un escarmiento a quienes durante horas elevaron el tono de la protesta. Además de eso, la causa iniciada contra los 14 detenidos ha hecho visible un problema mayor al acusarlos mediante un delito por el cual se les podría condenar a 30 años de prisión, en una increíble redición de los procesos por disolución social
que se emprendieron durante la guerra fría para aplastar toda disidencia en México.
Cierto es que el Estado debe tener recursos legales para defenderse, pero es claro y notorio que en esta materia –donde se involucran temas como el terrorismo– debería evitarse a toda costa la menor confusión, de modo que la aplicación de la ley sea usada como un arma política contra las libertades de la ciudadanía. Se ha informado que la Asamblea Legislativa modificará en estos días el artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal para definir cuándo una conducta está relacionada con un hecho vandálico, y cuándo se trata de una intención de generar inestabilidad social, según el resumen de La Jornada. Romper los costosos vidrios de un hotel –que es sin duda un acto vandálico– merece una sanción bien tipificada, independientemente de si lo motiva la intención delirante, subjetiva, de quien cree que así se precipita el derrumbe del Estado.
2. Por lo pronto, se considera que dichas enmiendas reducirán la dureza de las penas, lo cual permitirá a los procesados salir bajo fianza, que, como quiera, es una salida saludable, pues cancela un espinoso problema, si bien siguen abiertas muchas interrogantes acerca de los hechos y la responsabilidad de los distintos sujetos involucrados en ellos, comenzando por la opaca actuación de las autoridades locales y federales y continuando con los muy diversos actores de la protesta. Lo peor que podría pasarnos es permitir que se evaporen impunemente los provocadores
, como si jamás se hubiera hablado de ellos y sin apelar a explicaciones impresionistas, derivadas de la exaltación, la soberbia o de la irritación acumulada por años de simulación. Si se trata, como se ha escrito, de grupos creados y manipulados desde el poder, a la manera de los halcones, estamos ante un caso de autoritarismo que implica recortes sustantivos a los derechos humanos. Si se trata, en cambio, de actores que actúan bajo la sombra del movimiento
para polarizar las protestas, nos hallamos ante un fenómeno particularmente grave que a la postre ataca las expresiones legítimas de ciudadanos indignados. En cualquier caso, cabe diferenciar entre las actitudes surgidas espontáneamente y las acciones deliberadas de violencia que atienden a sus propios intereses. En un país acosado por múltiples formas de violencia es imperativo crear una atmósfera democrática, capaz de permitir el libre juego de las diferencias sin quebrar la línea del respeto a las opiniones de los otros.
3. En cuanto al significado del 1D, el expediente político seguirá abierto mientras no tengamos una reconstrucción integral de qué pasó (antes y durante la jornada), guiada por la disposición a interpretar lo ocurrido sin prejuicios. Ese examen, por supuesto, requiere de una deliberación rigurosa, política, sobre la situación nacional después del 6 de julio, en el contexto de la crisis mundial que aquí suele subestimarse. Justo porque hoy estamos en tiempos de verdadera emergencia, a pesar del triunfalismo de los grupos dirigentes, es necesario reflexionar hacia dónde vamos sin eludir los riesgos que la desigualdad, la corrupción y el legado de incumplimiento de los derechos básicos significan para el futuro inmediato de la nación. Las soluciones rápidas y sencillas no existen, pero la acumulación de contradicciones en apariencia insolubles precipita la polarización y enciende el conflicto. Han pasado demasiadas cosas que no pueden interpretarse sin ponerlas en perspectiva y asumiendo que el cambio no se detiene, así contradiga nuestras expectativas más amadas.
4. En estos días voces muy diversas se han alzado para afirmar que estamos ante una nueva etapa en la vida social mexicana, que los hechos del día primero son la culminación de un prolongado proceso de maduración de fuerzas que, al cambiar el escenario político, también reubica las prioridades de segmentos alineados hasta ahora bajo el paraguas común (o convergente con) del movimiento encabezado hasta el arribo de Peña Nieto por Andrés Manuel López Obrador.
No se trata de cualquier cosa, pues lo que estaría en juego luego de años de confrontación pacífica, legal, de movilizaciones sociales sin romper un vidrio
, es la configuración de una alternativa capaz de pasar de la resistencia a la ofensiva
sin el cauce de los partidos y al margen de la lucha político-electoral que ya algunos declaran agotada a fuerza de insistir en una visión catastrofista que niega cualquier avance que no sea la victoria total
.
La demostración del EZLN en Chiapas se inscribe en este reacomodo de fuerzas que la izquierda, ahora fragmentada o ensimismada en sus propias necesidades, no tenía en la agenda ni quería ver. Es un mensaje urbi et orbi, con dedicatoria a la izquierda extraparlamentaria
que antes se decía. Los zapatistas reconocen un vacío y esta vez quieren llenarlo sin preguntarle a sus viejos críticos que apostaron por otras vías. Pero el país no es el de 1994 ni el de 2006.
Lo cierto es que la realidad toca a la puerta de la izquierda política, partidista y social y le exige fijar con claridad sus principios y objetivos, compromisos transparentes, pero también definir con claridad los medios para alcanzarlos.
PD. Un recuerdo para Daniel Cazés por los buenos años sesenta.
