La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar a las secretarías de Educación Pública federal y a las estatales a garantizar que la instrucción que imparte el Estado sea gratuita y no esté condicionada al pago de cuotas escolares.

Ricardo Mejía Berdeja, diputado por Movimiento Ciudadano (MC) observó sobre el artículo transitorio quinto, en su fracción III, en el inciso A de la reforma constitucional en materia educativa, porque consideramos que al hablar de autonomía de gestión, de compra de materiales, de mejorar infraestructura, involucrando para tal efecto a los padres de familia, no es otra cosa que abrir la puerta a las cuotas escolares; es decir: bajo este transitorio que nosotros denunciamos, que subrepticiamente en el cuerpo de la reforma ahí perdido estaba este transitorio, pero ustedes saben que en los detalles se esconde el diablo. Nosotros advertimos de ésto y, sin embargo, fue aprobado en ambas cámaras.

Recordó que en México “ya es una práctica común, que con el pretexto de materiales, mejorar infraestructura, hacer festejos del maestro o de diferente índole, se le pasa la charola a los padres, se hace la coperacha para decirlo en términos coloquiales y esto implica una erogación para las de por sí familias mexicanas que viven tiempos difíciles.

Por esas razones lo que estamos planteando sería un punto de acuerdo único, que a la letra diría: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la secretarías de Educación Pública federal y estatales a garantizar que la educación que imparta el Estado sea gratuita y no esté condicionado al pago de cuotas escolares.

A pesar de que fue aceptado por la mayoría de los legisladores, el panista Juan Carlos Romero (cercano a Vicente Fox) replicó la propuesta de Mejía Berdeja: “En los propios estudios internacionales, cuando hay éxito en el cambio de la calidad es cuando se centra el trabajo en la escuela y se hace como una auténtica comunidad educativa para priorizar, contratar y apoyar a los mejores docentes y directores de escuela. Y los avances rápidos nunca van a exceder la calidad de los docentes y lo que tenemos que hacer es reforzar la autonomía escolar. Eso significa profesionalizar la formación y asignación de plazas de directores y una dirección escolar más eficaz.

El principio constitucional es muy claro: hay la obligatoriedad; luego, entonces, con todo respeto, el contexto de la interpretación de los promoventes es inexacto, no es para promover las cuotas, no es para suplir la responsabilidad del Estado mexicano de tener buenos profesionales, infraestructura y atención al medio educativo, es para complementar, para que tengamos mejores directores que puedan hacer una gestión inmediata con su comunidad, para poder tener mejores condiciones. Este es el alcance del quinto transitorio.

María de las Nieves García (PRI) repuso en que el planteo del promovente es en parte acertado, porque la educación pública es un derecho fundamental, “es definida en nuestra Constitución como laica, gratuita y obligatoria; es motor de desarrollo y crecimiento de una sociedad, tiene un carácter estratégico para el futuro.

Es insoslayable: la educación se ha estancado en políticas ineficaces e indolentes y a los rasgos distintivos y característicos de cada región y plantel, ignorando las necesidades de infraestructura y material didáctico requerido.