na idea contundente por su gravedad y urgencia es la de atender el problema de seguridad pública con una visión integral, mediante un sistema amplio, diferente: Concebirla como un problema regional que no se limita a fronteras políticas. Así lo planteó el nuevo jefe de Gobierno de DF, Miguel Ángel Mancera.
Convocó a los gobernadores de la zona macro-metropolitana para enfrentar el desafío de manera participativa y comprometida. Le llama Programa Escudo Centro, que sería diseñado para sumar de manera compartida con los estados, todos los instrumentos políticos (voluntad), jurídicos, institucionales, técnico-científicos y operativos para prevenir y combatir al delito ordinario mediante una estrategia regional. (*). Su experiencia de procurador es un aval.
La idea merece la mayor consideración e interés, así como solidaridad. La atención pública hoy está colmada por ideas, hechos y desechos noticiosos propios del inicio de regímenes locales y el federal, por eso mismo habría que acentuar, destacar y apoyar la idea. Que no se diluya en la atención pública, hasta valdría proponer un lema: ¡Lo imposible no existe!
Es un lance que debió ser iniciado desde seis años atrás por una autoridad federal eficiente y fuerte en su capacidad inductora: La SSP. No lo hizo, se dedicó a otras cosas. No lo hizo en esta macro-metrópoli ni en otras como es Monterrey, Guadalajara, La Laguna, Acapulco y otros núcleos e imanes que son al mismo tiempo demarcaciones demográficas y criminales. Hoy con recursos limitados que no padecía García Luna, lo intentará Mancera.
Las limitaciones a vencer están por lo menos agrupadas en cinco focos: 1. La aceptación política del mismo presidente Enrique Peña, la consecuente pero no garantizada conformidad del general Óscar Naranjo, la supuesta comprensión y apoyo de la Secretaría de Gobernación, incluidos los celos del doctor Mondragón que se sentirá desplazado. 2. El convencimiento, adhesión y compromiso de los gobernadores de estado de México, Hidalgo, Puebla, Morelos y Guerrero, algunos de muy difícil trato, que alegarán en principio violaciones a su soberanía, argumento que se suavizaría con ampliaciones presupuestales. 3. Superar las enormes limitaciones de disparidad jurídica, de debilidad institucional, los enormes rezagos técnicos, la insuficiencia de infraestructura, de equipamiento y la ineptitud del recurso humano con mayor acento en mandos medios y superiores 4. La insuficiencia presupuestal previsible. 5. La formación de un equipo humano multivalente, suficientemente capacitado y productivo, verdaderamente experimentado en la concepción, programación, administración y control de proyectos, entendiéndose que los recursos humanos del propio DF tiene ya un compromiso abrumador.
Más de la cuarta parte de los delitos del orden común nacional se producen en estos estados. Los números en sí no reflejan la realidad implícita de que afectan a la sociedad en su mayor intimidad, el daño moral y parte del material son incuantificables. Tampoco reflejan la movilidad criminal, la evolución del delito, los flujos, corrientes, temporadas y formas de traslación de delincuentes.
Muchos de los delitos de este orden están asociados con concurrentes del orden federal, muchos del orden común como en Guerrero ni siquiera llegan a ser sujetos de averiguación. Es la peor procuraduría del país. Por eso uno de los primeros pasos y que sería posiblemente obstaculizado por altos funcionarios y grupos de interés sería una auditoría jurídica, técnica, operativa y administrativa. ¡Ahí empezarán los enredos!
Por todo ello es muy encomiable la iniciativa del jefe de Gobierno. Habla y propone con valor y pleno conocimiento del tema, sabe perfectamente que cualquier esfuerzo parcial de cualquier estado y del propio Distrito Federal resultaría solamente un paliativo. Seguramente, como servidor público de probada eficiencia, prudencia y lucidez, logrará tanto como el mejor podría hacerlo.
