La frontera entre México y Guatemala es un lamentable espejo de la violencia que enfrentan niñas y niños migrantes no acompañados (NNA) en la frontera entre México y Estados Unidos. El número de antros del lado mexicano, en los que se explota sexualmente a los menores centroamericanos, o la situación de esclavitud que padecen en fincas y ranchos chiapanecos en los que se les explota laboralmente, son una muestra de lo vulnerables que se encuentran ante la ausencia de políticas públicas eficaces en el manejo de menores migrantes en México.

Lourdes Rosas Aguilar, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, refiere que la presencia de niños y niñas migrantes en el sur de México responde a causas y objetivos diferentes. Miles viven y trabajan en Chiapas; otros tantos transitan hacia Estados Unidos; algunos más huyen de situaciones de violencia o persecución.

Destaca que en un amplio trabajo realizado en conjunto con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Lanús, Argentina, la práctica evaluada en esta investigación indica que todos esos niños y niñas son privados de su libertad y que la política de detención y repatriación es la respuesta que el Estado da, por excelencia y casi con exclusividad, frente al fenómeno complejo, diverso y multidimensional de la migración de niños, niñas y adolescentes.

Este enfoque, considera el trabajo publicado en 2012, repercute de manera negativa en derechos y garantías básicas, violaciones como repatriaciones y detenciones arbitrarias; inexistencia de programas que aseguren garantías elementales de debido proceso; restricciones al derecho al asilo; deficiencias de la protección consular; falta de mecanismos eficaces de atención integral a víctimas de delito, incluyendo a quienes sufren la trata y otros delitos en el tránsito, y víctimas de violencia en el país de origen, y ausencia de iniciativas que permitan la reunificación familiar en Estados Unidos.

Para el Instituto Nacional de Migración (INM) esto se trata de una situación compleja, reconoce la Oficial de Protección a la Infancia (OPI) del INM, Patricia Fragoso, quien sostiene que pese a ello se cumple con la salvaguarda de la integridad física y mental de los NNA; brindan de manera inmediata servicios básicos de salud, alimento, vestido y descanso; facilitan el contacto con sus familiares mediante llamadas telefónicas gratuitas y mantienen informados a los NNA sobre su situación migratoria, utilizando un lenguaje amable y de acuerdo con su edad.

Destaca además que existen 543 OPI en 32 delegaciones regionales, quienes reciben continuamente capacitación especializada para el trabajo con menores y que en el marco de la colaboración internacional se han llevado a cabo talleres con oficiales de Guatemala, Honduras, Panamá, República Dominicana, Nicaragua y Costa Rica, a efecto de estandarizar procedimientos e intercambiar información.

Sin embargo, el problema es particularmente difícil, debido al volumen de la migración. Un análisis del Observatorio de los derechos de los niños, niñas y jóvenes en Honduras de Casa Alianza de 2012, establece que si bien la intervención de los OPI en México puede valorarse de manera positiva, parece contradictorio pensar que están otorgando competencias orientadas a la protección de la infancia a oficiales (uniformados como tales) que están bajo la responsabilidad y estructura jerárquica de funcionarios que a su vez son los responsables de garantizar que se lleven a cabo las medidas de detención y deportación, lo que dificulta la relación con el menor.

Esto, considera Rosas Aguilar, contribuye a invisibilizar las complejidades, particularidades y vulnerabilidades de cada caso. La política migratoria, y en particular los mecanismos dirigidos a la detención y repatriación de NNA migrantes, recurre a una serie de eufemismos que no sólo suponen un déficit semántico que opone la palabra a la realidad de los hechos, advierte la investigadora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.

En particular, cuando muchos NNA se ven obligados a firmar voluntariamente su repatriación, sin garantías y sin ofrecer otra alternativa que el regreso a su país. Sostiene que el limitado rol de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como mecanismo de supervisión de las decisiones y de monitoreo permanente de las condiciones de detención, y los obstáculos existentes para el seguimiento de ambas cuestiones por parte de entidades de la sociedad civil, no están desligados de una política que encubre, también en el discurso, la naturaleza de sus acciones.

Agrega que, sin perjuicio de algunos elementos normativos que podrían contribuir al diseño de una variedad de respuestas posibles según las circunstancias de cada NNA, los casos analizados en el marco de esta investigación dan cuenta de una falta de consideración del interés superior del niño y, por tanto, derivan indefectiblemente en la repatriación.

En el trabajo realizado, menciona el caso de MAR, de nacionalidad salvadoreña, como representativo de la falta de evaluación de la situación familiar (su madre y hermana vivían en Estados Unidos), de las condiciones en que se concretan las repatriaciones (se le informó que viajaría solo y con adultos) y de la falta de consideración del grado de vulnerabilidad (había denunciado diversas situaciones de violencia); es decir, se decide su repatriación por encima del interés superior del menor.