La Secretaría de Gobernación (SG) propuso a la de Hacienda que los estados cuenten, de manera anticipada, con recursos para atender eventuales emergencias y desastres provocados por fenómenos naturales.

Además, planteó fijar los procedimientos para sancionar, incluso con cárcel, a los funcionarios que no supervisen la operación y uso de suelo de los inmuebles en cada entidad federativa.

Vamos a hacer esta invitación en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para que todos homologuemos (desde las constituciones estatales), con una perspectiva de prevención y legalidad, a fin de que (el gobierno federal) pueda ejercer una supervisión dentro de los estados y municipios. De lo contrario, estaremos cojos en este proyecto, advirtió Luis Felipe Puente, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

“Lo que hay qué hacer –añadió– es que, con todo respeto, aquel que no cumpla con el ejercicio de la supervisión y acción en caso de desastre, se merece hasta la cárcel. Como están las leyes actualmente, lo único que podríamos hacer (ante una omisión) es enojarnos, de ahí que es importante avanzar en el tema de la homologación de la ley federal con la de las entidades”.

Sobre la entrega anticipada de recursos, el funcionario explicó que esta previsión estaría sustentada con herramientas tecnológicas y/o meteorológicas, así como en candados auditables para evitar que el dinero sea gastado con fines no autorizados.

El plan en esta área incluye la creación de cinco delegaciones del Sistema Nacional de Protección Civil, quienes serán responsables regionales y, a la vez, testigo, aval y auditor de los recursos anticipados del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) en favor de los gobiernos locales.

Este delegado tendrá como responsabilidad mejorar la certificación, al tiempo de analizar y auditar los recursos, en una alta comunicación con el fiduciario Banobras y con la Secretaría de Hacienda, efectivamente, para evitar que (el dinero) sea utilizado para asuntos que no tienen nada qué ver con la atención a la población, informó Puente.

La finalidad, indicó, es restarle el sentido tortuoso que tiene actualmente este procedimiento.

–¿Los estados tendrán su guardadito?

–No su guardadito, pero sí (recursos) por lo menos 24 horas antes (de la ocurrencia) de un posible desastre. Ya lo vimos con Hacienda y lo consideran factible.

“El propósito –subrayó– es eficientar la entrega de recursos en caso de desastres en los estados”.

Esta Coordinación Nacional de Protección Civil propondrá además la homologación de los protocolos estatales y federal, para atender contingencias, ámbito en el que persiste una disparidad de normas y procedimientos en casos de emergencia.

Estamos muy preocupados y ocupados porque los protocolos de (reacción) de las unidades de protección civil de cada entidad son diferentes. Uno de los proyectos más importantes es lograr la homologación con el sistema nacional de protección civil, dijo.

El funcionario reconoció que Protección Civil tendrá en 2013 un recorte de 165 millones de pesos para gasto administrativo; aclaró que esta merma es en la coordinación (a nivel general de 365 millones de pesos), pero aseguró que no incluye la atención de urgencias, cuyo fideicomiso, el Fonden, tiene más de 5 mil millones de pesos y aumentará porque por ley se alimenta con el equivalente a 0.4 por ciento de los excedentes petroleros.