París, 30 de diciembre. Los ingresos del Estado francés están en riesgo. El impuesto a las grandes fortunas busca portar 210 millones de euros anuales a las arcas de Francia, pero la negativa del Consejo Constitucional supone un revés para el presidente François Hollande.

El Elíseo se apresuró de inmediato a señalar que el presidente reaccionó con calma a la decisión judicial y alegó que se trata de meros criterios formales.

El Consejo Constitucional infligió el sábado un duro golpe a Hollande al anular la medida, y estimó que el impuesto excepcional de 75 por ciento aplicable a los contribuyentes con ingresos superiores al millón de euros, previsto para dos años y contenido en los presupuestos de 2013, violaba el principio de igualdad de cargas públicas.

Este impuesto se basa en el ingreso de cada persona física, mientras el gravamen sobre la renta se retiene por familia.

La anulación del consejo no se apoya en el supuesto carácter confiscatorio de esta medida denunciado por sus detractores, sino en que una familia en la que cada miembro percibiera, por ejemplo, un ingreso de 900 mil euros, se encontraría exento, mientras uno, en el que un solo miembro ganara 1.2 millones de euros pagaría el impuesto.

El Consejo Constitucional también rechazó las modalidades de cálculo del tope en el impuesto sobre la fortuna, en particular la integración de las rentas o beneficios capitalizados, que el contribuyente no ha realizado o de los que no dispone. Ayrault consideró que las disposiciones censuradas no cuestionan las grandes líneas del equilibrio presupuestario y de la trayectoria de recuperación de las cuentas públicas.

La decisión del consejo pulveriza una de las promesas estrellas de la campaña electoral de Hollande, que lo llevó a asumir la presidencia en mayo pasado. En febrero abogó por el impuesto a las grandes fortunas. Sus compañeros socialistas estaban tan sorprendidos como su adversario en la contienda, el conservador y entonces mandatario Nicolas Sarkozy.

Esta petición, de gran impacto en la sociedad, se convirtió rápidamente en el motor de la campaña y sus planes de hacer pagar más impuestos a los ricos fueron uno de los principales motivos de la victoria de Hollande.

El primer ministro francés, Jean-Marc Ayrault, se detuvo más en comentar el aspecto formal de la decisión del Consejo Constitucional y habló de un hito simbólico en su reacción. Para los adversarios del gobierno, se trata de una decisión que simboliza la poco afortunada gestión del gabinete.

Ayrault anunció que el gobierno propondría un nuevo dispositivo. Votado antes de 2013, afectará a los ingresos declarados de 2013 y 2014 y no los de 2012 y 2013.