i la legislación aprobada en 2011 se aplicara a la letra, con el inicio de 2013 –saludado alrededor del mundo con fuegos tan artificiales como las esperanzas con ellos convocadas– los causantes de Estados Unidos se habrían visto privados de las deducciones y privilegios fiscales de la era de Bush y el gasto público se habría reducido de manera indiscriminada y generalizada, privando a la economía de recursos por un monto que cálculos recientes situaban entre 600 mil y 700 mil millones de dólares en el año que se inicia. Un efecto contraccionista de esta magnitud, que equivale a casi 5 puntos del PIB, habría significado una nueva recesión, de profundidad y duración agravadas por la débil coyuntura, y un retorno del desempleo a tasas quizá superiores a 9 por ciento. Habría también empujado a la economía mundial a un colapso más severo que el de la primera fase de la gran recesión, de la que todavía no emerge. Habría, en fin, empeorado la perspectiva económica global para el resto del decenio, degradándola de un estancamiento general a una recesión extendida, con muy alta desocupación y repetidos episodios deflacionarios en grandes economías avanzadas. Fue justificada la angustia con la que se vivieron los últimos días del año fenecido y el primero del actual, por fortuna un feriado que mantuvo inactivos los mercados de valores y las instituciones financieras y proporcionó un momento adicional de respiro.

A minutos de la medianoche del 31 de diciembre, el Senado aprobó un acuerdo parcial referido sobre todo al tema de los impuestos y que abre un plazo de dos meses para continuar negociando los recortes que se impondrán al gasto. La votación a favor de esta débil salida provisional fue abrumadora: 89 frente a ocho. Por la noche del feriado de Año Nuevo el frágil acuerdo fue aprobado por la Cámara de Representantes y, tras su promulgación por parte del presidente –triunfador indiscutible de uno de los más epónimos episodios de brinkmanship (práctica de seguir una política peligrosa hasta el límite de la seguridad antes de detenerse) de que se tenga memoria– se evitó, de manera temporal, la caída desde el acantilado fiscal, aunque todo mundo quedó con mal sabor de boca, muy acerbo para los republicanos.

Un primer balance de los elementos del acuerdo, basado en el resumen del New York Times del primero de enero, colocaría en el platillo demócrata al menos los puntos siguientes: a) elevación de 35 a 39.6% de la tasa aplicable a los ingresos de más de 400/450 mil dólares y anulación de todo incremento a ingresos inferiores a esa cota para individuos y parejas; b) aumento de 15 a 20% del impuesto a los dividendos y las ganancias de capital superiores a los límites señalados; c) retiro gradual de exenciones y deducciones autorizadas para ingresos de más de 300/350 mil dólares; d) aumento de 36 a 40% del impuesto sobre herencias y legados superiores a 5/10 millones de dolares; e) extensión de los estímulos fiscales anticrisis de 2009, por 5 años para las personas y por uno para las empresas; f) alza de 2.6 a 4.6% del impuesto a nóminas, sobre los primeros 113 mil 700 dólares de ingreso de los trabajadores; g) diferir por un año del recorte de 27% de los pagos a proveedores de servicios de Medicare, y h), elemento de gran importancia, extensión por un año de la cobertura del seguro de desempleo, a favor de 2 millones de desocupados. En el platillo republicano quedó muy poco, si se considera que partían del dogma de no más impuestos: a) elevaron de 200/250 mil a 400/450 mil dólares el limite a partir del cual se aumenta el impuesto al ingreso y a 300/350 mil dólares el límite en el que se inicia el retiro gradual de exenciones y deducciones, y b) impusieron un piso de 5 millones de dólares para individuos y 10 para parejas al alza del impuesto sobre herencias y legados. Es claro que en los próximos dos meses presionarán al máximo en materia de recortes al gasto –salvo el destinado a sus partidas favoritas, como gasto militar y apoyo selectivo a empresas, las petroleras entre ellas– intentando que los recortes afecten los programas de salud y educativos. Usarán también, como arma adicional, la negociación sobre el aumento del tope de endeudamiento del gobierno federal, tema que en 2011 les permitió arrinconar a un gobierno demócrata lastimado por el desfavorable resultado de la elección intermedia. Es claro que la correlación de fuerzas es ahora diferente y que el talante de Obama es también muy distinto.

(Entre paréntesis, cuando se discuta la reforma fiscal en México, sería útil considerar el papel que juegan en el sistema impositivo de nuestro principal socio comercial y económico figuras tributarias como los impuestos a los ingresos derivados del capital y a las herencias y legados, que nuestros líderes hacendarios estiman que deberían ser retirados u olvidados, pues los consideran incompatibles con una tributación simplificada, moderna y eficiente.)

De hecho, también el primero de enero Estados Unidos alcanzó el tope de endeudamiento autorizado en 2011. Sobre este extremo, Jonathan Weisman escribió el 1º de enero en el NYT: “El acuerdo conseguido garantiza que la guerra entre la Casa Blanca y los congresistas republicanos continuará al menos hasta la próxima primavera. El secretario del Tesoro, Timothy Geithner, notificó formalmente al Congreso que el gobierno había alcanzado el límite de endeudamiento estauído en la víspera del nuevo año. Mediante una serie de trucos contables creativos [en los que parecen especializarse no sólo las instituciones financieras privadas sino algunas tesorerías gubernamentales, entre ellas la mexicana], el Departamento del Tesoro podrá posponer alrededor de dos meses las acciones consecuentes, pero el Congreso deberá adoptar las necesarias para evitar el default del gobierno cuando expire el plazo adicional acordado para dejar los recortes en suspenso. Además, a finales de marzo fenece la ley de financiamiento gubernamental.”

Todo permite anticipar, superado in extremis el acantilado fiscal, una nueva batalla de grandes proporciones. La abrumadora derrota electoral sufrida no parece haber convencido a los republicanos y a las élites financieras privadas de que la mayoría del electorado desea la permanencia y fortalecimiento de elementos propios de un sistema de protección social universal –que cubra cuestiones de salud, empleo, educación, vivienda, infraestructura, formación profesional y apoyo a las artes y las ciencias– y no su desmantelamiento. Es claro que la mayor economía del mundo, aún afectada por crecimiento bajo y alto desempleo, bien puede permitirse un moderno estado de bienestar.