on el telón de fondo del cambio de partido en la administración pública federal, diversos actores del ámbito cultural han manifestado expectativas de una transformación favorable en la conducción de las políticas en este ramo, que permitan superar el extravío y el abandono observados durante los pasados 12 años.

Resultan significativas las palabras de Fernando González Gortázar, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2012, de que uno de los retos principales de la nueva administración del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA) –ahora bajo el mando de Rafael Tovar y de Teresa– es avanzar hacia una descentralización verdadera y que el país reciba los beneficios de promoción, de inversión y de todo tipo que hasta ahora han recaído en un porcentaje ofensivamente alto en el Distrito Federal. A renglón seguido, el arquitecto y escultor expresó su crítica a las dos administraciones federales de Acción Nacional, cuyo desempeño en el terreno de la cultura y en muchos otros ha sido muy desventurado.

En efecto, si algo caracterizó a las administraciones federales panistas en el rubro de la cultura fue la ausencia de una política de Estado efectiva y consistente, y la adopción, en cambio, de una visión pragmática, frívola y mercantilista del patrimonio cultural tangible e intangible del país. Dicho extravío se reflejó, entre otros muchos episodios, en la construcción de obras faraónicas e inútiles, como la megabiblioteca José Vasconcelos; en el apoyo de la administración calderonista –con recursos públicos– a la candidatura de Chichén Itzá en el certamen de las Siete Nuevas Maravillas del Mundo, organizado por un empresario suizo; en la explotación irracional de zonas arqueológicas como centros de espectáculos multimedia; en la exclusión de expresiones artísticas y culturales de la agenda de las autoridades del ramo, e incluso en escándalos como el que precedió a la renuncia de Sergio Vela, ex titular del CNCA, quien abandonó el cargo en marzo de 2009 en medio de acusaciones por gastos excesivos en viajes, subejercicios presupuestarios y distanciamiento del entorno cultural del país.

Ante estas consideraciones, el diagnóstico formulado por González Gortázar luce acertado. Pero además de atender la demanda –sin duda procedente– de descentralizar las políticas gubernamentales en la materia y extenderlas a todo el país, es necesario lograr la dignificación presupuestaria de ese rubro que tendría que ser visto como instrumento invaluable de cohesión social y como vehículo para expandir y consolidar las herramientas de la población para defender sus propios derechos.

Por desgracia, más alla del beneplácito que ha causado en el medio cultural el nombramiento de funcionarios como Tovar y de Teresa, el gobierno que arranca no ha dado muestras de comprender a plenitud la importancia de una política cultural de Estado: muestra de ello es la determinación de eliminar el Programa Nacional de Lectura de las partidas presupuestales del ramo, medida improcedente en un país en el que se lee, en promedio, menos de tres libros al año.

Es necesario, en suma, dar un viraje en las inercias que se vienen arrastrando en materia de política cultural; suplantar la actual visión mercantilista por otra que conciba la riqueza cultural del país como un fin en sí mismo, como factor de resarcimiento de tejidos sociales y como componente imprescindible para una sociedad justa, fuerte y sana.