a desde 2006, frente al federalismo centralista del Seguro Popular diseñado por Julio Frenk y Francisco Gil Díaz –que Fox y Calderón publicitaron electoreramente sin pausa–, los trabajadores de la salud guerrerenses reclamaron que los servicios estatales fueran devueltos a la Federación. La demanda se había escuchado antes en Tlaxcala y Zacatecas. Después de Chiapas y Oaxaca, ahora explotan las anomalías con los recursos del Seguro Popular en el que fuera un estado modelo: el Tabasco de Granier.

La historia del más reciente avatar sanitario sureño se agravó en 2008 y era ya insostenible en 2010.

Con 3 millones 300 mil habitantes, Guerrero se ubica entre los estados con más bajo índice de seguridad social. Dispone de 13 hospitales generales que operan deficientemente (estructura, equipo, personal), dos hospitales materno-infantiles, ninguna instalación de tercer nivel y mil unidades de atención primaria en malas condiciones, atendidas por pasantes. Y aunque cuenta con los institutos estatales de cancerología y oftalmología (organismos públicos descentralizados), ellos son virtualmente inaccesibles para la mayoría de la población depauperada. La red no cumple con los estándares en atención de urgencias y nueve de los 13 hospitales generales rebasan la ocupación recomendada, mientras la atención de segundo nivel (cesáreas) se encuentra en nivel crítico.

En el principal hospital de Acapulco, el Donato G. Alarcón en Ciudad Renacimiento, escasean los medicamentos del cuadro básico y no sirven los elevadores. Falta de todo. Cuando no se descompone una caldera, no hay agua; las enfermeras piden jeringas al hospital del Issste; no hay guantes, gasas, ropa, anestésicos ni antisépticos. El hospital se cae. Por falta de insumos dejaron de practicarse cirugías programadas. Desde 2008 al aparato de rayos X le falta una pieza. Ochenta pacientes son remitidos diariamente a un laboratorio privado que cobra 500 pesos por placa sencilla. Los técnicos atienden con un equipo portátil que no cumple la NOM: carece del dosímetro. Las nuevas mastografías no tienen revelador y licencia. Los servicios se suspenden.

Y sin embargo, Guerrero es una de las entidades con mayor afiliación al Seguro Popular: poco más de un millón, dotados de un presupuesto de casi 4 mil millones de pesos, del que poco provecho obtienen sus beneficiarios: ocupa el primer lugar en muertes maternas –con los hospitales de Acapulco, Chilpancingo, Tlapa y Chilapa a la cabeza–, además de malos tratos a los afiliados, desabasto crónico, infraestructura insuficiente y agudos conflictos con las contrataciones.

En mayo de 2010 el vocero del entonces gobernador Zeferino Torreblanca admitió que el gobierno federal no liberaba los recursos del Seguro Popular porque había impuesto a los estados rigurosos trámites para realizar la gestión. No tenemos todavía los recursos, pero estamos trabajando con un remanente. La gente no se ha quedado sin el servicio, remató.

Pero en marzo de 2011, mientras Calderón presumía sin tregua su fantástica cobertura universal, la prensa nacional difundió una extravagante foto donde el regidor Fernando Reina Iglesias (del PVEM) esquiaba a pie descalzo en la laguna Pie de la Cuesta arrastrado por un helicóptero de la Ssa-Guerrero, adquirido dos años antes en 30 millones de pesos –para el traslado de pacientes ubicados en comunidades lejanas en extrema pobreza– con recursos del Seguro Popular, pero que el gobernador Torreblanca empleaba en giras.

Pocos días antes, Guerrero vivió otro extraño suceso: una cuadrilla de misteriosos incendiarios prendió fuego a los archivos del Seguro Popular que se encontraban, coincidentemente, en una oficina contigua a la Secretaria de Finanzas, a menos de un mes de que el gobernador Torreblanca entregara el gobierno al ex priísta, ahora perredista, Ángel Aguirre.

La ASF detectó desvío de recursos y presuntos actos de corrupción en la Secretaría de Salud local: en 2008, subejercicio de 40 millones de pesos; en 2009, anomalías por 2 millones 500 mil pesos en bonos y compensaciones, además de medicamentos caducos, de lento o nulo movimiento, surtimiento en nivel crítico y aviadores. Se pagaron salarios a comisionados y se otorgaron plazas de médico especialista a personas que no cumplían los requisitos. Durante el sexenio de Torreblanca fueron removidos del cargo dos secretarios y seis subsecretarios.

La propia Comisión Nacional de Protección Social en Salud –responsable federal del Seguro Popular– reconoció en 2010 que la carencia de medicinas afectó a la mitad de los asegurados, aunque según la encuesta de satisfacción, 71 por ciento de los usuarios se dijo satisfecho con la entrega de fármacos.

Las quejas de los proveedores por motivos de incumplimiento se hicieron sonar. La comisión mencionada tiene la obligación de transferir los recursos a las entidades trimestralmente, siempre que antes reciba los documentos que acreditan que el gobierno del estado realizó su aportación para la operación de los servicios y aumentó el número de afiliados. En 2009, Guerrero cumplió esta disposición sólo hasta el segundo trimestre, por lo que las transferencias federales se redujeron en más de la mitad de lo previsto para ese año.

Al finalizar marzo de 2011 la Comisión Permanente del Congreso de Guerrero aprobó por unanimidad solicitar a la ASF y a la Auditoría General del Estado que levantaran una investigación a la Secretaría de Salud local.

A pesar del desabasto crónico en las regiones más marginadas, en abril, la secretaría local dio de baja más de una tonelada de medicinas del cuadro básico porque nunca salieron del almacén y caducaron.

Como Tabasco, ¿puede celebrar Guerrero la cobertura universal panista?

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco