La iniciativa presentada recientemente en la Gaceta Parlamentaria por el legislador priísta Francisco Arroyo Vieyra, para modificar el artículo primero de la Constitución y armonizar los párrafos uno y dos, en realidad esconde un ataque contra la reforma constitucional de derechos humanos de junio de 2011, lo cual significaría la peor traición contra dicho avance legal y lo dejaría sin efecto, advirtió el abogado especialista en derechos humanos Silvano Cantú.

En charla con La Jornada, el activista indicó que la propuesta de Arroyo, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pondría siempre a la Carta Magna por encima de los tratados internacionales firmados por México, lo cual anularía la posibilidad de recurrir a las leyes más favorables para las personas, también conocidas como pro homine.

Tras la reforma aprobada en 2011, explicó Cantú, el primer párrafo del artículo primero señala que las autoridades deben garantizar todos los derechos establecidos en las leyes del país, pero también en los diversos tratados internacionales firmados por el gobierno mexicano.

En el segundo párrafo se establece que todas las normas del país deben ser interpretadas con base en el mencionado sistema, conocido como bloque de constitucionalidad, para aplicar siempre el principio pro homine.

“Lo que hace Arroyo Vieyra es cerrar la puerta a las normas pro persona para privilegiar únicamente lo que dice la Constitución. Está emitiendo un mensaje lamentable que deteriora la esperanza de que la sociedad tenga un interlocutor que comparta el mismo lenguaje de vanguardia”, comentó el especialista.

Aunque señaló que cabe la posibilidad de que el legislador haya dado a conocer esta iniciativa por ignorancia, Cantú aseveró que en realidad pareciera estar lanzado una contrarreforma en materia de derechos humanos, en sentido contrario de lo que su partido firmó en el Pacto por México.

Para Silvano Cantú, es lamentable que muchos legisladores sigan “anclados en discursos de la guerra fría “y aún no entiendan que poner a los tratados internacionales al mismo nivel de la Constitución no significa un ataque a la soberanía, sino un componente fundamental de los estados democráticos.

“Lo que hace Arroyo con esta iniciativa es pasar varias páginas atrás en la conquista de derechos del pueblo, que no fue producto de capricho o dedazo, sino una construcción de la sociedad en los pasados 10 años. Le hace trampa a la reforma constitucional para echar por tierra el principio pro persona, y eso resulta totalmente injustificable e inexplicable”, enfatizó.