Unos seis meses transcurrieron antes de que Santiago pudiera iniciar el tratamiento médico de control del VIH/sida. Aunque el Sistema Nacional de Salud pregona que está garantizado el acceso a servicios clínicos, pruebas de laboratorio y con medicamentos para el control de la enfermedad, prevalece la falta de información y cuestiones administrativas que impiden a hospitales, como el General de México, proporcionar la atención médica que requieren los afectados.

Con un diagnóstico previo de que es portador del virus, Santiago acudió a ese hospital en busca de ayuda profesional; sin embargo, el médico lo recibió con la noticia de que primero debía realizarse estudios de laboratorio, dos principalmente: la determinación de carga viral y del estado de su sistema de defensas (linfocitos CD4), los cuales tendría que pagar de su bolsillo.

Como en la mayoría de este tipo de casos, explicó Luis Adrián Quiroz, vocal del Consejo Nacional de Prevención y Control del VIH/sida (Conasida), los afectados carecen de empleo y de dinero para sufragar ese y cualquier otro gasto, y siguen los hechos ocurriendo a pesar de que desde hace por lo menos tres años, la Secretaría de Salud (Ssa), a través del Seguro Popular, dispone de recursos económicos para asegurar una atención médica de calidad aunque todavía no es integral.

La inclusión de las pruebas clínicas en la cobertura del Seguro Popular era necesaria y se concretó a partir de 2009, con los recursos económicos que la Ssa ahorra cada año con la negociación de los precios de medicamentos antirretrovirales.

Los resultados de los exámenes dan cuenta del avance del VIH y cuando la persona ya está en una terapia, representan la vía para garantizar la efectividad de los fármacos.

El activista confirmó que Santiago requería los estudios clínicos antes que cualquier otra indicación o receta; el problema es que los afectados no reciban la información correcta y en los servicios de salud todavía no existan los mecanismos administrativos que eviten situaciones como la que vivió el paciente.

Destacó que a pesar de la respuesta que le dieron en el Hospital General de México, Santiago todavía tuvo chance de que pasaran seis meses hasta que llegó a la Clínica Condesa del Distrito Federal, donde de inmediato lo hospitalizaron y empezaron la medicación. Existen otros casos, la mayoría, aseguró Quiroz, de personas que llegan a las unidades médicas con condiciones graves de salud.

La situación de estas últimas es todavía peor, porque el Seguro Popular no cubre los costos de la atención médica de las enfermedades que se desarrollan por la invasión del VIH en el organismo.