l debate fiscal en Estados Unidos, que se zanjó a última hora al final del año en el Congreso, expresa el profundo significado general que representa el financiamiento del Estado.

La decisión legislativa de quiénes deben pagar impuestos, por cuáles conceptos y de qué monto deben ser éstos es un elemento básico de las funciones de gobierno y marcan, de alguna manera, el carácter político, o digamos democrático, de una sociedad.

Por supuesto que la contraparte de la decisión política y financiera que define la fuente de los fondos públicos derivados de los impuestos es para qué y cómo se usan los recursos obtenidos. Es distinto aplicar impuestos al ingreso o al valor agregado; también lo es fijar precios de combustibles o energía eléctrica. También debe considerarse la eficiencia de la gestión pública y la corrupción. Por cierto, ambas, no son privativas de lo público, como bien se sabe.

Estos términos definen, finalmente, la legitimidad de los tributos e igualmente la disponibilidad y los precios de los bienes y servicios públicos, y con ello la del propio gobierno. La privatización de actividades públicas, más allá de las deformidades que se encuentran en este campo, es parte del nudo de la fiscalidad. Afecta la cantidad, calidad y precio al que se accede, y puede agravar las condiciones de la desigualdad.

La oposición del Partido Republicano a un alza de los impuestos a los estratos de mayores ingresos puede verse como un asunto ideológico primordialmente. A ello seguirá, en unos meses, la oposición al aumento de los gastos del gobierno y a la elevación del nivel de endeudamiento.

Una sucinta y extrema expresión de esto sería la tríada: responsabilidad fiscal, menos gobierno y mercados libres. El contenido que adquieren estos lemas es crucial y motivo de confrontación. Tiene repercusiones directas en la salud, educación, vivienda, pensiones y la infraestructura productiva.

También puede sustentarse en algún postulado que indicara que una mayor proporción del ingreso generado que queda en manos de ese grupo puede crear más inversión y crecimiento del producto. Esta última cuestión constituye una disputa abierta.

Los principios de la austeridad que enmarcan los ajustes fiscales en Europa y, en menor medida, en Estados Unidos se aproximan más a la versión conservadora y no a una gestión más agresiva de la expansión del consumo y la inversión tanto privadas como públicas. Las consecuencias a corto y mediano plazos de una y otra no son triviales.

Pero además, en términos de fiscalidad, el asunto de la progresividad del impuesto a la renta, o bien la aplicación de un tributo especial a las ganancias de capital por operaciones realizadas en los mercados de valores o incluso sobre las herencias, tiene un componente valorativo que se aproxima a lo ético.

El problema de esto último es que tales valores son subjetivos y pueden defenderse ambas posiciones. En ciertos momentos las condiciones políticas tienden para un lado y en otros al contrario. Eso se aprecia con las medidas adoptadas en el gobierno de George W. Bush y lo que sucede ahora con Barack Obama. Ese es el meollo del precipicio fiscal. Por ello, una vez que se define la estructura de la tributación se convierte en algo impuesto, más no permanente. Las contribuciones no son voluntarias.

En cuanto a los aspectos ideológicos y éticos de las cosas que son públicas y que entrañan aspectos del dinero, las ganancias y su uso individual o colectivo no pueden, pues, eludirse. Tampoco las cuestiones relativas a la autoridad y los acuerdos, y, por otro lado, la libertad o la coerción. El punto clave es cómo se organiza la existencia social y, de preferencia, la coexistencia.

Jeremy Bentham, creador de la filosofía utilitarista, partía de los principios de la moral para proponer que el objetivo de la actividad política es la consecución de la mayor felicidad para el mayor número de personas. La utilidad es una medida y junto con la libertad conforman principios básicos del ordenamiento social. Ahí estamos anclados.

Puede ser anecdótico que el actor Gerard Depardieu declare su rabia por pagar tan altas tasas de impuesto en Francia y busque cambiar de nacionalidad para pagar menos; Rusia lo acogió.

Pero la postura del primer ministro Ayrault, respecto de que esa actitud es patética y que pagar impuestos es un acto de patriotismo y estamos llamando a los ricos a hacer un esfuerzo especial por el país, parece muy descolocada, por decir lo menos, viniendo de tan prominente miembro del gobierno socialista.

Esto es así, sobre todo en el entorno de una crisis que lo que ha hecho es, precisamente, crear mayor concentración del ingreso en los países más ricos. Vaya que hasta Krugman, abierta y declaradamente liberal, llama en las páginas del New York Times al conflicto fiscal y a la creciente desigualdad del ingreso como lucha de clases.

La fiscalidad encierra muchos elementos de la conformación social y su dinámica. Es un asunto técnico en la medida en que la técnica es necesaria. El resto es sólo política y mucha o poca visión social.