En la administración de Esther Orozco Orozco, el Instituto de Ciencia y Tecnología (Icyt) del Distrito Federal colaboró con la Secretaría de Seguridad Pública capitalina en la licitación e instalación de las cámaras de videovigilancia instaladas en diversos puntos de la ciudad, para lo cual erogó 460 millones de pesos, cuyo destino no se ha hecho público como ordena la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

La misma funcionaria informó durante una reunión de trabajo con diputados locales en mayo de 2008, sobre el uso de recursos públicos del instituto para el Proyecto Bicentenario de seguridad pública, recursos que no están reportados en el portal de transparencia del organismo.

La colaboración del Icyt en dicho programa, según un informe de actividades del organismo 2007-2009, incluyó el análisis de las cámaras de videovigilancia, así como el informe de requerimientos técnicos del sistema y su licitación.

Para tal efecto, el instituto contrató a un grupo colegiado técnico, integrado por expertos del Instituto Politécnico Nacional para definir las características de las cámaras y los términos en que se debería llevar a cabo la licitación, lo cual tuvo un costo de un millón 430 mil pesos, según el documento.

En la reunión con los diputados de la Comisión de Ciencia de la cuarta legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Orozco Orozco señaló que la empresa ganadora de la licitación –que finalmente fue otorgada por invitación restringida a las empresas Teléfonos de México y Thales, ésta última francesa– tendría que establecer un laboratorio de seguridad pública en el IPN para calibrar y hacer la medición y la evaluación de los equipos tecnológicos que se utilizan para seguridad pública.

Sin embargo, en el portal de Transparencia del Icyt no aparecen los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación previos a 2011, ni de los 460 millones de pesos aportados por el Icyt para dicho proyecto, como ordena la fracción 27, del artículo 14, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Para el movimiento crítico a la gestión de Esther Orozco como rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), lo anterior es una prueba más de la opacidad en el manejo de la información pública y el otorgamiento de 460 millones para un proyecto que nada tiene que ver con el impulso de la ciencia y la tecnología, por parte de Esther Orozco.

Cabe recordar que en diversas ocasiones el movimiento crítico ha exigido practicar una auditoría al instituto de ciencia capitalino, particularmente durante 2007 y 2010, periodo en el que Esther Orozco estuvo al frente de ese organismo.