El presidente Enrique Peña Nieto firmará hoy a mediodía la Ley General de Víctimas para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor al día siguiente, confirmaron fuentes de Los Pinos.

El jefe del Poder Ejecutivo anunció el día de su toma de posesión, el pasado primero de diciembre, que su administración se desistiría de la controversia interpuesta contra dicha norma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa. Esa acción del político del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se llevó a cabo prácticamente de inmediato y ahora sólo resta la firma del mandatario y su aplicación.

Ayer por la mañana se confirmó que dicho acto se realizará este mediodía en la residencia oficial de Los Pinos. Esto ocurrirá, además, cinco semanas después de que Peña Nieto puso a la Ley General de Víctimas como uno de los puntos prioritarios en el mensaje que dirigió desde Palacio Nacional, tras haber rendido protesta ante el Congreso.

Frente a dicho anuncio, Ileana García Laguna, asesora del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad –uno de los principales colectivos que impulsaron la ley–, saludó la aprobación de la norma, a la que calificó de parteaguas en materia de derecho transicional y una oportunidad para regenerar el tejido social del país.

Es lamentable que se tuviera que construir una ley así, porque habla de la tragedia humanitaria (sic) de México, pero dentro de todo debemos reconocerla como un paso importante que todavía requiere mucho trabajo legislativo y la construcción de una cultura de la paz y de toda una serie de mecanismos para su puesta en marcha, indicó.

Lucha Castro, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, advirtió que la sola existencia de una nueva legislación no resuelve el problema de las víctimas de la violencia, pues no siempre dichos ordenamientos se traducen en cambios reales en la vida cotidiana de la gente o garantizan que los responsables de un ilícito sean castigados.

La experiencia ya nos demostró que la abundancia de leyes no siempre sirve, porque la gente de carne y hueso no se las apropia. Es muy común que los políticos anuncien decretos faraónicos y espectaculares que quedan bien para la mercadotecnia, pero después no funcionan, enfatizó.

Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, consideró que la publicación de la ley es un signo positivo, pero afirmó que esta acción debe ir acompañada de otras igualmente importantes, como el diseño de una estrategia de seguridad pública que no esté basada en la militarización, y la resolución de todos los casos de violaciones de derechos humanos, incluidos los más emblemáticos.

Como se ha informado en estas páginas, la Ley General de Víctimas fue aprobada por las dos cámaras del Congreso el 30 de abril del año pasado y enviada el 10 de mayo a la Secretaría de Gobernación, pero ese mismo día el diputado panista Luis Eduardo Espinosa logró hacer que el documento regresara a San Lázaro, donde inexplicablemente estuvo perdido tres semanas.

Aprovechando ese lapso, el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa argumentó que el periodo de 30 días para presentar sus observaciones contaba a partir del primero de junio, por lo que la noche del primero de julio vetó la ley mediante una controversia constitucional, misma que fue sobreseída por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 10 de diciembre pasado, a solicitud de Peña Nieto.