Monterrey, NL, 9 de enero. Familiares de las 52 personas que perecieron durante el incendio del casino Royale, el 25 de agosto de 2011, recibirán en total cinco millones de pesos de la aseguradora del predio, informó Francisco Fernández Hasbunl, abogado del dueño del inmueble, quien apuntó que éste desea darle un cierre al asunto.

Durante un recorrido por los restos de la casa de juego, el abogado señaló que aunque el contrato de arrendamiento con Atracciones Vallarta, que operaba el casino, tiene una vigencia de 10 años, está cancelado en la práctica.

Tenemos ya la posesión y el resguardo del inmueble; se realizaron las diligencias y se cumplieron los requisitos de ley para la devolución, señaló.

Interrogado sobre el uso que planean dar al inmueble, explicó que primero cobrarán el seguro, el cual incluye una indemnización de cinco millones de pesos que se prorrateará entre los deudos.

Entre máquinas de juego calcinadas, el abogado señaló que después de limpiar el local se tapará la fachada con tablarroca y luego se hará el avalúo de daños.

Otra prioridad es negociar con los deudos el destino de las mantas y cruces que éstos han colocado en la fachada; de lo contrario, se quitarán, advirtió.

Las áreas menos dañadas del inmueble son la de espectáculos y los baños, donde la mayoría de las víctimas murió por asfixia, al refugiarse durante el ataque.

“Mi cliente –dijo Fernández– ha acudido a todas las diligencias legales; ahora está dando la cara para que se constate que el inmueble contaba con todas las medidas de seguridad”.

Jorge Domene, quien este miércoles asumió la jefatura de la oficina ejecutiva del gobernador Rodrigo Medina, informó que el casino Royale fue asaltado el día del incendio y que había francotiradores en el edificio. Dijo que esta información no se dio a conocer antes porque lo principal era el atentado. Agregó que los pistoleros se llevaron 200 mil pesos.

El hasta ayer vocero del gobierno estatal señaló que en la sentencia también se castigó el delito de robo, aunque fueron preponderantes los de delincuencia organizada y homicidio.

El expediente en poder de la Comisión Estatal de Derechos Humanos contiene declaraciones de los empleados, quienes señalan que antes del incendio se cometió un robo. Además, consigna que las armas que se encontraron en el techo del inmueble pertenecían a dos guardias que habían sido contratados por el dueño de la casa de apuestas, Raúl Rocha.

El relato de un acomodador de autos del casino señala que antes del atentado arribó una camioneta de la policía municipal, con número 448, la cual se estacionó en la rampa de acceso. Apuntó que un compañero de seguridad, de nombre José Luis, preguntó a los agentes el motivo de su presencia, a lo que respondieron que les habían reportado gente armada en el casino.

No obstante, otro encargado, de nombre Fernando, les aseguró que no había ningún problema y les pidió que se fueran porque espantaban a la clientela.