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Reparación de daños
Derecho a la verdad, entre los logros de los afectados
 
Periódico La Jornada
Jueves 10 de enero de 2013, p. 3

La Ley General de Víctimas fue publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación (en el espacio correspondiente al Congreso de la Unión) y entrará en vigor el próximo 9 de febrero.

El reglamento de esta norma deberá ser expedido dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigor, es decir, a más tardar el 9 de agosto.

En los artículos transitorios de esta normatividad, cuyo fin es construir una estructura gubernamental para la atención de víctimas, derecho a la reparación integral y la creación de un registro nacional de afectados, se señala que el sistema nacional de ayuda, atención y reparación integral deberá crearse dentro de los 90 días naturales a partir del próximo 9 de febrero.

En tanto, la comisión ejecutiva de atención a víctimas, también incluida en esta ley, deberá elegirse dentro de los 30 días naturales, a partir de la integración del sistema en mención.

La Ley General de Víctimas incluye apartados acerca de los derechos de los afectados por la comisión de delitos, tanto al momento del proceso penal que enfrenten como en las consecuencias derivadas, así como los mecanismos de protección y asistencia.

Una de las novedades de este marco legal se refiere al derecho a la verdad, es decir, las víctimas, sus familiares y la sociedad tienen derecho a conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones a las garantías fundamentales de que fueron objeto, la identidad de los responsables y las circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

En el decreto se ordena que a más tardar en seis meses las instancias involucradas de los tres niveles de gobierno –y los congresos estatales– armonicen los ordenamientos en torno a esta nueva ley.

La legislación para atender la problemática de las víctimas de hechos vinculados a la inseguridad fue concluida el 30 de abril de 2012 en el Congreso. Sin embargo, el gobierno de Felipe Calderón interpuso un recurso ante la Corte, al considerar que la ley no se apegaba al objetivo de reparación de daños.