La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) saludó la firma de la Ley General de Víctimas, a la que calificó de logro colectivo basado en la reforma constitucional de derechos humanos de junio de 2011.

Es alentador que el proceso de debate y adopción de esta ley en el Congreso de la Unión haya sido reivindicado entre los primeros compromisos públicos del nuevo Ejecutivo dederal y destaque entre los puntos del Pacto por México, celebró la organización en un comunicado.

La Ley General de Víctimas es un paso necesario, significativo y de plena legitimidad en el camino de dotar a los mexicanos de una política de Estado y de mecanismos eficaces que garanticen sus derechos cuando se enfrentan a la lacerante situación de dolor y precariedad, que las convierte en víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, sostuvo Javier Hernández Valencia, representante de la Oacnudh.

Por su parte, Amnistía Internacional coincidió en que la firma de la ley es un avance importante para saldar la deuda de las autoridades con las víctimas de la violencia, pero advirtió que todavía hace falta diseñar todo un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas para lograrlo.

La aprobación de leyes no es suficiente para preservar las garantías de las víctimas. Es necesario que el compromiso del gobierno hacia los afectados se traduzca cuanto antes en medidas efectivas que garanticen el acceso a la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición hacia quienes han sufrido la violencia y las violaciones de derechos humanos que diariamente se producen en el país, recalcó la organización con sede en Londres.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos también destacó la firma de la ley como un signo positivo –ante las decenas de miles de casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial en el sexenio de Felipe Calderón, con un nivel de impunidad mayor a 98 por ciento–, pero igualmente advirtió que todavía hay muchos retos para hacer de esta norma una realidad.

Es primordial que se publique pronto la reglamentación necesaria para que esta ley pueda ser aplicada. Es también fundamental asegurar el derecho a la justicia de todas las víctimas y garantizar su derecho a la verdad, a la reparación y la no repetición. Hasta que haya un cambio estructural en la estrategia de combate a la delincuencia las violaciones a los derechos humanos continuarán, advirtió.