El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, dijo que la Ley General de Víctimas es perfectible y precisó que su promulgación respondió a la urgencia de tener un marco legal en la materia. Acerca de la reparación del daño a los afectados por la comisión de delitos, subrayó que los apoyos gubernamentales no rebasarán el equivalente a 500 días de salario mínimo (unos 32 mil pesos, según el monto actual).

Tiene límites, tiene muchos límites, para que tampoco el Estado se quede desprotegido ante una cuestión de esta naturaleza. El apoyo que se da es solamente en función de que el Estado aporta a una parte en la solución del problema, no es algo ilimitado, no es demagógico; lo limita al presupuesto señalado. No puede darse un auxilio que rebase los 500 salarios mínimos, dijo en entrevista radiofónica.

Señaló que ya hay muchos acuerdos acerca de cómo perfeccionar la ley, sin explicar cuáles serían los cambios.

El miércoles fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Víctimas, en el sitio correspondiente a los decretos del Congreso, la cual entrará en vigor en 30 días, es decir, el próximo 9 de febrero.

Acerca de las acciones que el gobierno emprenderá para la búsqueda de víctimas, Murillo Karam advirtió que debido al tiempo transcurrido no se podrá llegar a la solución del ciento por ciento de los casos.

En tanto, la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, aseveró –también en entrevistas para la radio– que la promulgación de la ley es un primer paso para resarcir el daño a los afectados por la comisión de delitos.

Precisó que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas será el máximo responsable de atender a quienes lo requieran, aunque dicha instancia aún no tiene sede, porque los artículos transitorios de la ley prevén un periodo de tres meses para su operación.

Explicó que en el cumplimiento de plazos se analizarán otras alternativas de apoyo, como una línea telefónica de emergencia y otros programas, aunque no detalló cómo se utilizarían los servicios con que cuenta la Procuraduría de Atención a Víctimas, organismo creado en la administración pasada.

Los problemas derivados de la violencia, reto para el gobierno

Lía Limón dijo que hay un compromiso en el tema porque los problemas derivados de hechos de violencia constituyen un reto para el nuevo gobierno, con el reconocimiento de que la atención y protección a las víctimas es una arista pendiente y un reclamo social.

Murillo recordó que la ley se aprobó en la pasada legislatura por unanimidad y desde entonces se dijo que era perfectible.

Consideró que en esta materia México es pionero, y subrayó que una vez que la hayamos perfeccionado y modificado será una ley modelo.