La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará el próximo 23 de enero –por segunda vez– el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, sentenciada a 60 años de prisión por secuestro.

Trascendió que el proyecto de dictamen propone un amparo para efectos que dejaría sin valor las pruebas y testimonios ilícitos, lo que se traduciría en una sustancial reducción de la pena y la posibilidad de que obtenga su libertad en poco tiempo.

Trascendió que el proyecto elaborado por la ministra Olga Sánchez Cordero tiene grandes posibilidades de ser aprobado por sus compañeros, ya que la primera vez que se revisó este asunto –el pasado 21 de marzo– cuatro ministros coincidieron en que hubo violaciones graves a los derechos de Cassez; el único que votó abiertamente en contra de esa postura fue Guillermo I. Ortiz Mayagoita, quien el pasado 30 de noviembre dejó su cargo, el cual ocupa ahora Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Fuentes judiciales recordaron que en aquella ocasión Sánchez Cordero y Arturo Zaldívar votaron por amparar a Cassez para que quedara en libertad inmediata; José Ramón Cossío se pronunció por dejar sin efecto los testimonios y pruebas obtenidos ilícitamente, como el montaje televisivo y declaraciones inducidas contra la francesa, lo que se traduciría en una reducción importante de la sentencia.

Jorge Pardo Rebolledo reconoció que hubo violaciones graves a los derechos de Cassez, pero votó en contra de concederle su libertad.

Al no haber mayoría de tres votos, el asunto fue desechado y turnado a Sánchez Cordero para que elaborara un nuevo proyecto.

Los informantes comentaron que con estos antecedentes y el voto del nuevo ministro, hay condiciones para alcanzar los tres votos necesarios para conceder el amparo. Agregaron que de esa manera, el tribunal unitario que conocería el asunto estaría en condiciones de votar en favor de la acusada.

Trascendió que el nuevo proyecto de Sánchez Cordero plantea que queden sin efecto testimonios que sirvieron de pruebas contra la acusada, como el montaje televisivo –orquestado por Genaro García Luna, quien era secretario de Seguridad Pública federal–, cuando se transmitió en vivo la captura de Cassez y de su novio Israel Vallarta en el rancho Las Chinitas, en las inmediaciones de la ciudad de México, donde también fueron liberadas personas que supuestamente tenían secuestradas.

Además, quedarían sin efecto las declaraciones que rindieron en ese momento los policías federales que participaron en los hechos y las personas liberadas.

Esto es importante –señala el texto– porque, a partir de que se transmitió el operativo, se creó la imagen en los medios de comunicación de que Cassez era una secuestradora, lo que habría influido al final de cuentas en la sentencia condenatoria.

Agrega que las declaraciones de las víctimas y de los policías que participaron en el montaje transmitido en televisión un día después de los hechos fueron producto de una deformación de la realidad provocada por la propia Policía Federal en perjuicio de la acusada. Se dijo que el proyecto toma en cuenta también que se violaron los derechos de la ciudadana francesa al no permitirle contactar de inmediato a su embajada en México.