La Comisión Federal de Electricidad (CFE) evade reunirse con las autoridades del Distrito Federal para atender los problemas derivados de los cobros excesivos de las tarifas, escudándose en que tras el cambio de administración no se ha designado a una autoridad responsable.

El diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Alejandro Ojeda Anguiano, quien preside la Comisión Especial Sobre el Suministro y Cobro de Energía Eléctrica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), informó que la última comunicación que se recibió fue en la primera semana de diciembre, donde se pedía reagendar una reunión sobre tarifas.

Esto, con el argumento de que por los cambios en la administración pública federal, Marcos Bucio Mujica había dejado la Coordinación de Relaciones Institucionales de la CFE y se pidió un par de semanas para organizar dicho encuentro, el cual aún no se ha efectuado después de cinco semanas.

En tanto, el legislador lamentó que la empresa se sigue extralimitando al mandar cuadrillas de trabajadores con resguardo de policías federales, lo que genera suspicacia en los ciudadanos que deriva en situaciones como la del pasado jueves en la colonia Año de Juárez, en la delegación Iztapalapa, donde vecinos impidieron los trabajos del personal de la CFE entre jaloneos con los uniformados.

Recordó el incidente en la Unidad Habitacional John F. Kennedy, donde la empresa de clase mundial, cortó el suministro de energía eléctrica en áreas comunes y dejó sin suministro de agua a más de medio millar de familias y tres personas fueron detenidas por pretender reconectar las bombas.

La ciudad de México es tranquila, tolerante, amigable, pero si se llega a estos extremos de provocación, en los que tiene que llegar con fuerza pública, eso sí es desproporcionado.

Insistió por esto en que el acceso al fluido eléctrico, como al agua, deber ser considerado como un derecho humano. Además, la CFE debe reconocerse como un ente público y que sobre las ganancias está el bienestar colectivo, que es lo que le da la naturaleza jurídica a cualquier instancia pública.