Una vez logrado el tema central de hacer que la Ley General de Víctimas se publicara, las organizaciones y especialistas que la impulsaron van a promover de inmediato una serie de reformas con el fin de mejorarla, para lo cual entraron en contacto con funcionarios, legisladores y miembros de partidos políticos.

En entrevista con La Jornada, Silvano Cantú, abogado especialista en derechos humanos, explicó que entre los puntos susceptibles de cambio se encuentra el del tope a los montos de indemnización económica para las víctimas –actualmente fijado en un máximo de 500 salarios mínimos–, pues los grupos que diseñaron la ley consideran que el pago debe ser proporcional al daño, en vez de guiarse por un límite arbitrario.

Al mismo tiempo, proponen que cuando el Estado indemnice a una víctima de forma subsidiaria –es decir, tomando el lugar del responsable de un delito que no pueda pagar por cualquier motivo–, exista la posibilidad de que el gobierno recupere ese dinero cuando el individuo responsable ya pueda hacerse cargo de su obligación financiera. De esta manera se establece un criterio de proporcionalidad para que el Estado le otorgue recursos sólo a las víctimas que lo necesitan y en la medida en que haga falta.

Por otro lado, también se pugnará por conseguir la plena autonomía del sistema nacional de atención a las víctimas, para evitar que ese tópico tenga algún tipo de limitación por parte del gobierno federal, y por lo tanto pueda representar de manera efectiva los intereses de las víctimas, añadió Cantú.

De igual forma, se buscará que además de las víctimas directas e indirectas de la violencia se reconozca la tercera categoría de víctimas potenciales, es decir, aquellas que por su relación con quienes han sufrido algún agravio también pueden resultar agredidas, como los abogados o defensores de derechos humanos, quienes de esta forma podrían ser beneficiados con medidas de protección.

Por su parte, el también abogado Julio Hernández Barros apuntó que otra posible reforma a la ley se refiere a la necesidad de adelgazar el sistema nacional de atención a las víctimas, pues en su formato actual dicho organismo incluye a una cantidad excesiva de funcionarios –abarcando los presidentes de los más de 2 mil municipios del país–, lo cual podría desviar muchos recursos a la burocracia en vez de dedicarlos a otras tareas más importantes.

Además, se propondrá aclarar las atribuciones del gobierno federal, los estados y los municipios, pues en la versión primaria de la ley, publicada el 9 de enero, dichas facultades siguen siendo un tanto vagas, lo cual puede dar pie a que algunos funcionarios traten de evadir su responsabilidad.

Se ha trabajado muy duro en estas reformas y hasta donde sé ya están prácticamente listas. Ahora lo que seguiría es que el Ejecutivo las envíe al Congreso, tal vez como una iniciativa preferente, para que estén listas al mismo tiempo en que entre en vigor la ley, sostuvo Hernández.

Esta norma tiene la virtud de unir a quienes eran como el agua y el aceite. Hemos platicado con gente cercana a Enrique Peña Nieto, como Claudia Ruiz Massieu (secretaria de Turismo), Jesús Murillo Karam (procurador general de la República) y Humberto Castillejos (consejero jurídico de la Presidencia), y tenemos amplia confianza de que en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso puedan salir, porque son reformas de consenso, manifestó.