anto en el tema del desarrollo rural y agropecuario, como en el de la educación o el de la pobreza, el presidente Peña ha postulado la necesidad de ejercer la rectoría del Estado. No se trata de una mera proclama, sino del despliegue inicial de una estrategia, todavía retórica, destinada a recuperar un orden público desgarrado por la inseguridad, la criminalidad y la anomia en todos los niveles de la vida estatal.

Proponer la recuperación de la rectoría del Estado debería implicar el reconocimiento de una falla mayor en el funcionamiento del sistema político surgido de la larga transición a la democracia. Más allá de esto, debería asumirse la existencia de una fractura profunda en el orden constitucional mexicano, que se agravó en los últimos años con la llamada guerra al crimen organizado desatada por el presidente Calderón desde los primeros meses de su cuestionado mandato.

Esta fractura es constitucional, como lo ha enseñado y reiterado el jurista Diego Valadés, y pone en cuestión el monopolio legítimo de la fuerza en que se sustenta todo Estado. Así de simple y ominoso.

Por lo que implica para la vida social, las instituciones políticas y las relaciones económicas, debe asumirse que su superación reclama procedimientos y definiciones que son propios de una política constitucional. Para retos como estos, no basta la política normal con sus elecciones y deliberaciones cotidianas y rutinarias. Por bien hecha que sea esta política, se sustente o no en coaliciones de gobierno que impongan su mayoría, si no se toma nota de los efectos destructivos que entrañan dichas rupturas, sólo se ensancha la grieta entre el país normal y el real, y la mitomanía se apodera de la política. De aquí la inutilidad de oponer democracia a consenso, cuando este último se presenta como indispensable para reparar daños mayores y asegurar la reproducción de la pluralidad.

La campaña electoral y sus resultados obligaron al nuevo grupo gobernante a revisar sus inventarios y diagnósticos de la realidad desde los cuales formularon sus planes iniciales. El surgimiento de la protesta juvenil desde las cumbres de la educación superior privada y su rápida expansión a otros ámbitos constituyó una estruendosa llamada de atención sobre un problema central que muchos políticos exégetas quieren soslayar: la enorme brecha existente en los mecanismos reales y los formales de representación y, por tanto, el despliegue de una auténtica crisis de representatividad en el centro y la periferia del orden político, que las elecciones, tan libres y limpias como se las quiera imaginar, por sí solas no pueden superar.

La democratización se descentralizó y pronto arrojó un panorama plural y diverso en la composición del poder político, pero no ha producido nuevas figuras institucionales capaces de subsanar esos vacíos. Así, la insuficiencia del orden democrático establecido en el territorio ha profundizado y ampliado las distancias entre gobernantes y gobernados y dado lugar a un federalismo salvaje que no podrá afrontarse con coerción o expiación impuesta por el poder central. Se requiere de muchas otras acciones y revisiones para enderezar la embarcación. Vista desde el puente regional, la nave del Estado no va, sino en todo caso escorada y en peligro diario de encallar. De Nuevo León a Chiapas.

Una derivada ominosa de esta situación está a la vista en el caos de las finanzas estatales y municipales. A su vez, la fuerza corrosiva de la criminalidad organizada y las variadas formas de colusión y corrupción de los gobernantes propulsan el alejamiento ciudadano del Estado y sus gobernantes y legitiman cualquier tipo de convocatoria secesionista.

La concepción y operación del Pacto por México debería inscribirse en este contexto de obligada política constitucional para reformar el Estado. La tarea de recentralización del poder estatal en que se ha embarcado el nuevo gobierno es impostergable, no para hacer cuanto antes las reformas que tanto necesitan Gurría y asociados, sino para salir al paso de una agresiva tendencia desintegradora del propio Estado.

Para los políticos democráticos y progresistas, la cuestión no radica en oponerse a dicha empresa, que se ha convertido en misión de Estado para todos. Lo que más bien se impone es la generación de iniciativas y proclamas que renueven y fortalezcan las restricciones democráticas indispensables en el ejercicio del poder y en la lucha por alcanzarlo. Es decir, todo aquello que amplíe el ámbito de la política plural y le dé a la voz ciudadana efectivos cauces de reproducción y concreción en iniciativas políticas renovadoras.

Estas iniciativas deben extenderse al plano fundamental de la procuración y administración de la justicia, donde a pesar de las evoluciones positivas en la Suprema Corte reinan la precariedad y la vulnerabilidad del estado de derecho. Pero hay que recordar que, en nuestro caso, lo que urge es una construcción democrática de tal Estado, antes de exigir su aplicación a rajatabla.

El sueño patronal de un régimen jurídico a su exclusivo servicio resurge también al calor de estas circunvoluciones del Estado. No debe admitírsele como condición para desplegar algún tipo de concertación económica y social. Eso sería abrir la puerta a un chantaje económico vulgar, pero todavía capaz de llevar al naufragio al espíritu reformista que apenas se asoma.

El jueves pasado, la delegación Tlalpan hizo un merecido homenaje a Arnoldo Martínez Verdugo, dirigente histórico del comunismo mexicano y artífice de los primeros proyectos de unificación y actualización de la izquierda mexicana. Su esfuerzo y compromiso por alargar y ampliar la mirada de la izquierda puede haberse olvidado por algunos, pero sigue actual y constituye un recordatorio eficaz para quienes hoy se abocan a revisar experiencias y darle a la izquierda un horizonte mayor y transformador.

Cuánta razón le asiste a Arnoldo al decir que todo pensamiento político, sobre todo el que se dispone a revolucionar a la sociedad, es siempre, al final de cuentas, un acto original. Pues que así sea.

La crisis global lo reclama y la nuestra lo necesita como el aire o el agua que nos dan la vida.