Chilpancingo, Gro., 12 de enero. Decenas de comunidades de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero vuelven a ser escenario de acciones de autodefensa armada, por la falta de respuesta de los tres niveles de gobierno para atender las demandas de seguridad de los pueblos contra el crimen organizado que opera en esas dos regiones del sureste del estado, donde habitan indígenas me’pha (tlapanecos); ñuu savi (mixtecos), amusgos y afromestizos.

Encabezadas principalmente por contingentes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), las comunidades se sumaron al movimiento ciudadano cansadas por los crímenes, violaciones y extorsiones de que son víctimas por los grupos delictivos.

Vidulfo Rosales Sierra, del Centro Regional de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, se refirió a las causas del levantamiento popular que se inició el domingo 6 de enero en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres, tras el secuestro de Eusebio Álvarez Mendoza, ganadero y comisario de la comunidad Rancho Nuevo, municipio de Tecoanapa: Eso se debe a un vacío de la autoridad federal y local en el ejercicio de sus funciones ante la seguridad pública.

Sin duda, añadió, “ha fracasado el modelo de seguridad y sus políticas; del operativo Guerrero Seguro hay que recordar que el año pasado funcionó, pero no hubo avances considerables. Lo que pasa es prueba de que no se aprehendió a los delincuentes ni se revirtió el índice de criminalidad en esa zona; por el contrario, se fortaleció”.

Rosales Sierra criticó: No es posible que campesinos organizados con armas de bajo calibre hagan frente a los delincuentes en cuestión de dos días, mientras el Ejército, la Marina y las policías con armas de alto poder en más de tres años no han podido revertir este fenómeno; eso es imposible; no amerita mayor análisis. Eso indica que hay un alto grado de complicidad y un vacío de la autoridad; por ejemplo, la Procuraduría de Justicia no hace nada, sabe las relaciones que tiene su policía ministerial y se niega a remover a su personal, y ahí están las consecuencias.

Insistió: es evidente que hay un alto grado de connivencia y complicidad de las autoridades estatales, como la Policía Ministerial y la estatal asignadas a la comunidad El Limón, en Ayutla, con los mismos ministerios públicos y los jueces, que generó un ambiente que permitió que la delincuencia organizada se moviera libremente por estos lugares, como si anduviera por su casa. Toda esa complicidad hizo que reinara la delincuencia cometiendo atropellos contra la población.

Ese vacío causado por el gobierno hizo que los habitantes se organizaran. El pueblo se cansó y decidió tomar la seguridad en sus manos, rescatar los principios de justicia para los pueblos campesinos indígenas y mestizos.

Tal vez lo más importante de este levantamiento popular es que se demuestra a México que la delincuencia organizada no es invencible, y que, una vez que los pueblos se organizan, pueden meter en cintura a la delincuencia, y que no debe paralizarse la sociedad ante el flagelo, como hicieron en estos meses los municipios de Huamuxtitlán, Cualac y Olinalá.

Pero advirtió que los grupos delictivos, cuando la gente regrese a sus comunidades, pueden tener una reacción y poner en riesgo la integridad de los campesinos y sus familias. Estaremos atentos a ver cómo actúan las autoridades, porque no se trata de mandar más policías.

Propuso que los campesinos fortalezcan y respeten los sistemas de usos y costumbres, para ir retomando la justicia tradicional de los pueblos, y no quedarse sólo en la organización al calor del problema, sino creando sus propias instituciones de justicia para evitar que la delincuencia los agreda.

El proceso organizativo

La primera manifestación de organización de los pueblos indígenas, mestizos y afromestizos fue la creación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) en octubre de 1995; siguieron el ejemplo los municipios de Huamuxtitlán, el pasado 17 de septiembre, con la Policía Ciudadana y Popular (PCP), y luego 30 pueblos nahuas de Temalacatzingo, municipio de Olinalá, el pasado 2 de diciembre.

En Huamuxtitlán se creó la PCP con más de 100 elementos el 17 de septiembre de 2012, tras el secuestro de 18 personas por un grupo de la delincuencia organizada. Incluso se entregó a Alberto López Rosas, ex procurador de Justicia de Guerrero, un expediente con más de 30 hechos violentos donde destacan los secuestros del ex alcalde Juan Carlos Jiménez, asesinatos de taxistas, aparición de cadáveres en la cabecera municipal, robo de casas y de vehículos, extorsión a comerciantes y presuntas amenazas a la ex alcaldesa perredista Soledad Romero y su marido Víctor Echeverría Valenzuela, ex dirigente magisterial.

Uno de los casi 300 vigilantes voluntarios del poblado de Tecoanapa, en la Costa ChicaFoto Lenin Ocampo Torres

El 25 de noviembre, más de 200 campesinos mixtecos de al menos 30 comunidades del municipio de Ayutla de los Libres rindieron protesta como nuevos integrantes de la Policía Comunitaria para enfrentar al crimen organizado.

Con las comunidades mixtecas sumadas a la CRAC, el territorio se amplía a 107 pueblos de 13 municipios de la Costa Chica y la Montaña: San Luis Acatlán, Marquelia, Metlatónoc, Cochoapa El Grande, Iliatenco, Malinaltepec, Atlamajalcingo del Monte, Tlapa, Tlacoapa, Acatepec, Ayutla, Azoyú, Tlacoachistlahuaca.

Los municipios sumados a la Policía Ciudadana y Popular son los de Huamuxtitlán, Cualac y Olinalá, que colindan con los estados de Morelos y Puebla.

Más de un año sin audiencia

Valentín Hernández, asesor jurídico de la CRAC, recordó que casi desde que llegó al poder el gobernador Ángel Aguirre Rivero (1/4/11) le habían solicitado audiencia, y no fue hasta el 28 de mayo de 2012 cuando se dio la primera y única audiencia a la CRAC, aunque después ha habido algunos encuentros con compañeros, con la finalidad de dar seguimiento a las demandas que se plantearon, que hasta la fecha sólo se han cumplido en una mínima parte.

Afirmó que el gobernador no ha cumplido con los acuerdos alcanzados, sólo otorgó un presupuesto de 500 mil pesos, que fueron dando en abonos chiquititos; dieron parte de los 500 radios que había prometido y de ahí en fuera nada, ni uniformes, ni armas, ni despensas, ni vehículos. Sobre ese incumplimiento también nosotros le damos la autoridad que merece alguien que se compromete y no cumple su palabra.

Consideró que esta indiferencia del gobernador contrasta con el tratamiento que da al levantamiento de los pueblos de Ayutla y Tecoanapa, que encabeza la Upoeg. “Algunas de esas cuestiones se han comentado en las asambleas de la Policía Comunitaria, otras se han ventilado en los medios de comunicación. A nosotros no nos afecta que se dé atención a otros grupos, sino es en detrimento de las demandas y del proceso organizativo de la CRAC.

Hemos visto que mientras a la CRAC se le han cerrado los espacios de diálogo y del cumplimento de acuerdos, a otros grupos, también bajo la presencia de Policía Comunitaria, sí se les da todo el apoyo; eso hace evidente lo que ya se decía el pasado 22 de diciembre, en la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, durante la designación de coordinadores y comandantes regionales, de que la Upoeg estaba prácticamente trabajando con el gobierno del estado.

“Lo que ocurre en Ayutla –recalcó– es muestra evidente de ello. Si se analizan las declaraciones de la última semana de la Upoeg, queda claro que fueron ellos los que estuvieron desde el principio detrás del levantamiento, y que incluso están invitando a los pueblos de la región, incluidos los que forman parte de la CRAC, para que se sumen a su movimiento.”

No obstante, Valentín Hernández anunció que en breve la CRAC fijará su postura oficial. Ya hubo una reunión donde se acordó que se dará una posición consensuada entre los coordinadores y consejeros, y probablemente el lunes se estará emitiendo un comunicado formal.

Acerca de la presencia de la delincuencia organizada en las comunidades pertenecientes a las tres casas de justicia de la CRAC, ubicadas una en San Luis Acatlán, Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, y Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, hay tranquilidad, aunque estamos en alerta por la situación en Ayutla; estamos trabajando de manera normal.

Para el abogado de Tlachinollan, Aguirre Rivero ha tenido una actitud distinta con la CRAC: se evidencia efectivamente la insensibilidad y falta de interés por los sistemas normativos de los pueblos. Hay un desprecio del gobierno por el sistema normativo de la CRAC, cuando ese es un modelo que puede dar el rumbo a la seguridad y de cómo podemos resolver la problemática de inseguridad.

En cambio, insistió, el gobierno, lejos de atender los problemas, ha criminalizado la lucha social, ha desdeñado y mantenido en el olvido a los pueblos, y ahora va al encuentro del problema porque lo tiene a la vuelta de la esquina, y atiende al levantamiento de las comunidades, porque tiene que dar una respuesta a esta problemática que evidencia las fallas del sistema de justicia del estado en su conjunto.