Jesús Villalobos López, ex director de Pronósticos Deportivos, recientemente sancionado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), tiene pendiente una resolución en la misma dependencia por el daño patrimonial causado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) por 300 millones de pesos.

Los hechos investigados por el Órgano Interno de Control (OIC) del Issste forman parte del expediente PAR-729/2012, el cual es una de las más de 50 averiguaciones realizadas el año pasado.

En 2009, cuando Villalobos López era director de Finanzas del Issste –Miguel Ángel Yunes era titular organismo–, contrató los servicios de la empresa Ingeniería Costos y Servicios SA de CV para el levantamiento del inventario físico de bienes muebles e inmuebles del instituto, el cual no se realizó (La Jornada 18/09/2012).

Villalobos López tenía la responsabilidad de controlar el ejercicio del gasto, no lo hizo y el OIC tampoco encontró evidencia de que haya efectuado alguna actividad de supervisión de sus subordinados y de la empresa contratada. En cambio, autorizó la entrega en tres exhibiciones de 300 millones de pesos.

Aunque la investigación concluyó y la audiencia en la que Villalobos pudo presentar sus pruebas de descargo se llevó a cabo en septiembre de 2012, hasta la fecha la SFP no ha informado de ninguna resolución, salvo la que dio a conocer el pasado viernes por irregularidades cometidas por el ex funcionario durante su gestión al frente de Pronósticos Deportivos, y por las cuales fue inhabilitado durante 10 años.

Desde los primeros días de diciembre circularon versiones sobre la sanción que recibiría Villalobos, aunque se atribuían al ilícito calificado de grave por el OIC del Issste. En ese momento no se dio a conocer tal dictamen, sino hasta ahora por los gastos irregulares en que incurrió Villalobos en Pronósticos Deportivos.

Durante la investigación, el OIC acreditó de manera fehaciente que ni el entonces director de Finanzas ni sus colaboradores María del Rosario de León García, entonces subdirectora de Finanzas, y Raymundo Valle Aguirre, coordinador administrativo, cumplieron con sus obligaciones como servidores públicos.

Por el contrario, de la indagatoria se desprende que existió la intención clara de encubrir las anomalías calificadas como graves y por las cuales, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, los funcionarios se harían acreedores a la inhabilitación para ocupar cargos en la administración federal hasta por 20 años y una multa económica.

El expediente contiene la información relativa a la licitación pública nacional 00637173-005-09 convocada por el Issste en mayo de 2009, la cual ganó Ingeniería Costos y Servicios.

El OIC encontró que no existe evidencia de que se haya realizado el inventario, pero sí recibió más de 10 mil documentos apócrifos que se pretendían pasar por actas y fotografías que supuestamente avalaban el trabajo de la empresa.