Las muertes de Moreira y Lazcano, entre los detonantes, señala
Los 3 órdenes de gobierno carecen de acciones conjuntas, dice Prado
Domingo 13 de enero de 2013, p. 13
La situación de violencia que vive la zona de La Laguna, en Coahuila, es la suma de varios factores, entre ellos, la disputa territorial por el control de zonas de tráfico de enervantes entre los cárteles de Sinaloa, los hermanos Beltrán Leyva, el Golfo y Los Zetas; la falta de depuración y de profesionalización en cuerpos policiacos y carencia de acciones conjuntas entre los tres órdenes de gobierno, afirmó José Luis Prado Maillard, director de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
En entrevista con La Jornada, señaló que el panorama de violencia de vive Coahuila recuerda lo que sucedía en Nuevo León, pero en esta última entidad han mejorado las condiciones de seguridad con la construcción de una estrategia conjunta que incluyó la revisión constante de los penales y la depuración de corporaciones municipales y estatales, y esto ha permitido que disminuyan los índices de criminalidad
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La muestra está en el descenso de homicidios dolosos, ya que durante diciembre de 2012 y los primeros 10 días de enero de este año se registraron 40 casos, mientras que en el mismo periodo de diciembre de 2011 a enero de 2012 se contabilizaron 90 asesinatos
El especialista señaló que en el caso de Coahuila, y particularmente en la zona de La Laguna, “el asesinato de José Eduardo Moreira en octubre de 2012 y el abatimiento de uno de los mayores líderes de Los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano, ha provocado un aumento en la violencia entre grupos criminales y desestabilización social, a grado tal que ahora se tienen reportes del desplazamiento de familias oriundas de la zona, desplome de la actividad empresarial y comercial en la región”.
En Coahuila se están viviendo situaciones parecidas a lo que ocurría en diversos municipios de Nuevo León, ataques de grupos delincuenciales a bares y negocios, ejecuciones y enfrentamientos entre autoridades y grupos de hombres armados. Eso se revirtió en comunidades como Monterrey, Apodaca, San Pedro Garza García, mediante la depuración policial, el equipamiento y profesionalización de los agentes municipales y estatales y la creación de la llamada fuerza civil y el trabajo que realiza de manera coordinada con efectivos del Ejército Mexicano.