Tres jóvenes activistas fueron privadas de su libertad durante varias horas por policías capitalinos en el Centro Histórico, luego de haber participado en el Zócalo en actividades de difusión sobre adopción y esterilización canina, el sábado a mediodía.

Cuando dos de ellas caminaban por la calle Madero con volantes, en los que se leía Adopta un perro callejero, vieron a dos policías que las observaban con insistencia, por lo que al pasar decidieron ofrecerles una de las hojas, misma que fue rechazada, de acuerdo con el testimonio de Sandra Licea González, de 28 años de edad, quien dedica parte de su tiempo al cuidado de animales en el estado de Morelos.

Ya habíamos avanzado sobre la calle (Madero), cuando decidimos detenernos a fumar un rato. Ahí nos alcanzaron los dos policías y nos dijeron que estábamos detenidas por repartir los volantes. En lugar de oponerme, les pregunté que por qué no nos habían informado cuando les ofrecimos una hoja antes y no cuando ya ni siquiera lo estábamos haciendo.

Por respuesta, los uniformados pidieron refuerzos. Una vez que había seis elementos policiacos, las dos mujeres fueron subidas a la parte trasera de una camioneta policiaca. En el camino, los uniformados vieron a otra persona con volantes en la mano y también la subieron, sin ninguna explicación.

Las tres mujeres fueron detenidas alrededor de las 13 horas y llevadas al juzgado cívico de la coordinación territorial CUH4, ubicada en República de Brasil y República de Paraguay, y permanecieron ahí hasta poco después de las 16 horas.

Sandra y su acompañante, quien pidió ser identificada sólo por su cuenta de Twitter, @Selva_revo, relataron que aunque en todo momento pidieron que se les informara de qué eran acusadas, nunca recibieron respuestas concretas.

No obstante, el acta dice que se sorprende a la persona repartiendo volantes de mano a mano en la vía pública, sin que esta conducta se tipifique como falta cívica o delito, explicó su abogado Pablo Hernández, quien también trabaja en el Instituto Morelense de la Juventud.

Con excepción de Sandra, quien ya había contactado al abogado, a las mujeres se les tomaron sus huellas dactilares, fotografías y firmas, además de que les pidieron quitarse la ropa de la parte superior, porque tenían derecho a que revisaran que no tenían lesiones, contó Sandra, quien se negó.

Pablo Hernández explicó en entrevista que el hecho de que te detengan por repartir volantes es tan inconstitucional como que te detengan por hablar. Sabemos, como dijeron los policías, que ellos sólo seguían órdenes. Aquí lo grave es quién ordena detener a personas por volantear, porque además ellas no fueron las únicas detenidas”, aseguró.

Tras la intervención de Hernández y Jesús Robles Maloof, a las mujeres se les entregó un acuerdo de improcedencia, ya que la autoridad encuentra que la conducta desplegada por el presentado no es constitutivo de un hecho, acto u omisión sancionable por esta autoridad.

Las afectadas señalaron que interpondrán una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por su detención arbitraria.