La Habana, 13 de enero. La reforma que entra en vigor este lunes derriba gran parte de la muralla burocrática a la que se enfrentaron los cubanos durante décadas para salir de su país, facilita el trabajo en el exterior y la repatriación, reconoce el derecho a radicar en otra parte sin perder propiedades y, sobre todo, tiende un puente entre la isla y su diáspora al reducir la carga política del fenómeno.

El cambio es de tal magnitud que, en una declaración muy poco común, Estados Unidos dijo el viernes que acoge positivamente cualquier reforma que les permita a los ciudadanos cubanos salir y regresar a su país libremente.

Esta es quizá la reforma de más impacto en la población dentro de las que ha adoptado el presidente Raúl Castro, al beneficiar directamente a la mayoría. Elimina barreras que se impusieron el 9 de enero de 1959, apenas ocho días después del triunfo de la revolución y modifica la ley del 20 de septiembre de 1976.

Sin embargo, su resultado sólo se medirá con el tiempo. Los cubanos ya no tienen que recabar un permiso previo para viajar, pero deben conseguir una visa del país de destino. Además, los que salgan aún enfrentan restricciones y hay otros a los que se les pudiera prohibir la salida o el regreso.

Reacción estadunidense

La reacción de Estados Unidos es crucial. De los cerca de dos millones de cubanos que viven en el exterior, alrededor de 85 por ciento está en ese país y sólo en Miami viven unos 860 mil.

En una declaración el viernes, la vocera del Departamento de Estado, Victoria Nuland, dijo que de inmediato no podía indicar si habrá cambios en el patrón migratorio desde Cuba y recordó que los cubanos aún requieren visa o permiso de entrada para Estados Unidos.

Sin embargo, Nuland no se refirió a la Ley de Ajuste Cubano (1961), herramienta de la guerra fría aún vigente, que otorga residencia a los originarios de la isla después de un año de estancia en territorio estadunidense, sin importar cómo llegaron, incluso por vía ilegal.

Pero el sábado, en la televisión local, el coronel Lamberto Fraga, segundo jefe de la Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior, explicó que los cubanos pueden mantener su residencia en la isla, incluso si se acogen a la Ley de Ajuste.

Esto es posible porque la nueva ley permite a los cubanos salir de su país hasta por 24 meses. En ese lapso se puede cumplir el supuesto de la Ley de Ajuste.

En estos casos la persona podrá tener residencia en el país donde esté o donde se ajuste, en el caso de Estados Unidos, y mantener su residencia en Cuba, señaló Fraga.

Aunque su visa sea para emigrar, usted viajará de forma temporal hasta un máximo de 24 meses. Si la persona agota los 24 meses y regresa, podrá volver a salir y disfrutar de otros 24 meses cuando quiera, añadió.

La reforma elimina el permiso de salida (una especie de visa para viajar al extranjero), el permiso de entrada (para reingresar al país) y la carta de invitación(para cada viaje, que sale del lugar de destino). Ahora los cubanos sólo requieren pasaporte, cuya validez tendrán que prorrogar cada dos años.

La reforma desinfla la tensión con la que se asoció a la migración durante décadas, por el diferendo con Estados Unidos. Aún hasta los años 80, los emigrados eran vistos aquí como enemigos y tener relaciones con familiares en el extranjero era una causa de descrédito político y social en la isla.

La reforma derogó una ley de 1961 por la cual los declarados en salida definitiva –quienes se iban sin derecho a volver– perdían sus viviendas y todo tipo de bienes, incluso las más modestas pertenencias domésticas.

Ahora el discurso oficial reconoce a la migración cubana como parte del fenómeno mundial. Según el Anuario Demográfico de la Oficina Nacional de Estadísticas, en 2011 hubo un saldo de 39 mil 264 emigrados, la cifra más alta desde 1994, cuando llegó a 47 mil 844. En ese lapso, de acuerdo con la misma fuente, hubo en total 591 mil 171 emigrados.

Ahora la pelota está en la cancha de los países receptores. Por los acuerdos vigentes, Estados Unidos debe documentar para viajar a por lo menos 20 mil cubanos al año. España expide unos 40 mil visados anuales y México otros 15 mil.

Saltan las preguntas sobre cómo acogerán los países receptores el impacto de la potencial demanda migratoria cubana y la manera en que la combinación de esas políticas se reflejará en las salidas irregulares desde la isla.

La nueva legislación reconoce por primera vez en más de medio siglo el derecho de los padres a decidir que sus hijos menores viajen al extranjero y regresen a su país.

Con una batería de restricciones, el gobierno controlará la salida de científicos, médicos, técnicos de salud, deportistas, profesionales y funcionarios públicos a quienes se declare como responsables de actividades vitales.

Quienes sean declarados con esa categoría podrán viajar sujetos a permisos especiales, pero el resto de quienes tienen esas ocupaciones lo hará libremente.

Bajo las nuevas reglas, los cubanos requieren un permiso para residir en el extranjero. Si no lo tramitan, después de los 24 meses se les considera emigrados, con lo cual pueden visitar la isla sólo por periodos de 90 días (hasta ahora eran 30) y para volver a residir aquí requieren autorización, que se les puede otorgar o no.

Otras limitaciones son las que invocan razones de defensa y seguridad nacional, de interés público o acciones hostiles contra la isla para impedir la entrada o la salida. Opositores en la isla estiman que son algunos de los destinatarios de estas medidas.