yer, en un encuentro con familiares de personas desaparecidas, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, comprometió al gobierno federal a coordinarse con instancias estatales, a fin de conducir la búsqueda de todos los desaparecidos, instalar un sistema telefónico para la recepción de datos de desapariciones y estudiar la integración de una fiscalía especializada en el problema.

Es pertinente recordar, como dato de contexto, que sólo en el sexenio pasado, encabezado por Felipe Calderón, el número de desapariciones forzadas fue de casi 21 mil. El fenómeno tuvo como telón de fondo la guerra contra la delincuencia emprendida desde los primeros días de su administración por el hoy profesor de Harvard. Si el calderonato exhibió una exasperante indolencia ante el tema de los desaparecidos, el simple hecho de que sea abordado por el actual gobierno es de por sí un paso positivo.

Sin embargo, no basta con promesas de agilizar las pesquisas policiales ni de instalar sistemas de información sobre las personas ausentes porque el problema de las desapariciones forzadas, en una escala como la que ha tenido lugar en México, es producto de una política de Estado y de un menosprecio institucionalizado por la vida y los derechos humanos básicos. Es inimaginable, en efecto, que decenas de miles de personas puedan desaparecer, en cualquier país del mundo, sin responsabilidad precisa, por acción o por omisión, de las máximas autoridades, y sin que medie el designio de permitir que individuos de todas las edades y condiciones sociales sean sustraídos con violencia de su entorno cotidiano.

Por ello, si en la administración que encabeza Enrique Peña Nieto existe la voluntad real de afrontar el problema, debe empezarse por un examen de las decisiones institucionales que hicieron posible este aspecto de la catástrofe de seguridad en que se encuentra el país, así como por un deslinde claro de las responsabilidades penales, administrativas y políticas que dejaron en estado de completa indefensión a las víctimas de desaparición forzada. En otros términos, resulta indispensable que el Ejecutivo federal, principal encargado constitucional de la seguridad pública y de la vigencia de las garantías individuales, revise las razones que lo llevaron a fallarle a la población de manera tan persistente. Más aun, es necesario que se esclarezcan los casos, no pocos, en que servidores públicos y efectivos de las diversas corporaciones militares y policiales han sido señalados como partícipes o incluso como protagonistas del delito de desaparición forzada y que se dé curso a las acciones legales en su contra a las que haya lugar.

Sin un deslinde nítido e inequívoco con respecto a la abulia con que el calderonismo y las gubernaturas de diversos signos políticos permitieron que miles de mexicanos fueran arrancados de su entorno, los actuales propósitos expresados por Osorio Chong resultan de escasa credibilidad y parecen, más que una serie de acciones firmes y decididas contra la desaparición forzada de personas, una manera de salir del paso ante los legítimos reclamos formulados por los familiares y cercanos de los ausentes.

El agravio de las desapariciones forzadas ha azotado en forma masiva al país en dos momentos de su historia reciente: durante las presidencias de los priístas Luis Echeverría y José López Portillo (1970-1982) y en el pasado sexenio panista. Es claro que una nación democrática y sujeta al imperio de las leyes no puede permitirse la persistencia de ese fenómeno. Por el contrario, sus autoridades deben actuar con la radicalidad y la profundidad necesarias para que esta práctica, que configura delitos de lesa humanidad, no tenga lugar en México nunca más.