e podría catalogar como tragicomedia por lo que en el fondo representa como conducta antisocial sistematizada. Los municipios están tronados. Pasaron los años de tirar cohetes promovidos por la ignorancia e irresponsabilidad de Vicente Fox y llegaron los días de recoger las varas. Felipe Calderón siguió con el despilfarro incontrolado. Están tronados muchos de los ayuntamientos paupérrimos, los medianos y los grandes. Fox les abrió las arcas, alentó la fiesta, no promovió controles.
Algo relevante es que ya no se puede atribuir todo mal a un solo partido, como era tan cómodo. Está demostrado que en la mayoría de los municipios ha habido alternancias de los tres partidos y con todos ha resultado igual. En esa ensalada de tornasoles que son los 2 mil 441 municipios hay constantes: enormes endeudamientos, sí, pero también cabildos que los autorizaron y congresos con igual responsabilidad, gobernadores que nada quisieron ver. Otra constante es que nadie da cuenta de adónde fue a parar tanto dinero. Los responsables son los mismos, los que aprobaron y no vigilaron el gasto, como sería su deber. Fueron muchos los que ayudaron a matar la vaca.
Y ahora estamos ante el problema de que, acostumbrados a la generosa ubre, los presidentes municipales exigen hasta con enojos que se les rescate
. Quieren que el gobierno federal –esto es, el tesoro nacional, que es de todos– asuma esas deudas. Plantean airosos que se les haga participantes de impuestos federales, principalmente IVA, ISR y transferencia de bienes. Lo peor de su situación es que sus leyes de ingresos son obsoletas y contraproducentes, retrógradas, cuando debieran ser promotoras, lo que es responsabilidad de ellos y de los congresos.
Pero eso sí, demandan una solución integral
. Pues sí, quizá, pero primero que cumplan con sus propios deberes recaudatorios. Exigen airosos y con ese mismo temple se olvidan de que tienen a su disposición fuentes de ingresos que no administran eficientemente, porque no saben o porque temen: el impuesto predial, los consumos del agua y los muchos derechos que de un modo u otro provee el municipio.
Si así fuera el compendio, estaríamos hablando sólo de irregularidades y no se habría tocado el fondo: la corrupción, irresponsabilidad, ineptitud o ignorancia. Pero también otra lastimosa realidad es el disfrute de la impunidad. ¡Aquí no pasa nada! Pareciera ser una especie de grito de guerra retador y quienes lo pronuncian, hasta el momento tienen razón.
Un caso ejemplificativo sería el municipio de Cuernavaca, Morelos, que está verdaderamente destrozado en lo físico, acosado por el crimen, arruinado en sus finanzas y escéptico sobre el futuro. Su ayuntamiento contrató empréstitos por mil 200 millones de pesos (mdp). Su ingreso total, según su Ley de Ingresos para 2012 (periódico morelos.gob.mx), es de menos de 110 mdp. O sea la imposible aplicación absoluta al crédito sólo cubriría 9.2 por ciento anual.
Contrató en adeudo con la autorización de su cabildo, con el visto bueno de su Congreso y con la supervisión de nadie en su manejo. Fueron empréstitos dispuestos en una sola exhibición; no fue programado su ejercicio, aumentando brutalmente los intereses. Nunca hubo proyectos que los solventaran, nunca hubo objeto visible ni medidas de control.
El presidente municipal originador del desastre, Manuel Martínez Garrigós, goza de cabal salud. Es presidente del CDE del PRI local y diputado plurinominal, posiciones concedidas cuando ya era pública la magnitud y malversación de los fondos contratados. Esta situación se hizo oportuna y formalmente del conocimiento del CEN de su partido y nada, absolutamente nada pasó.
A la punzante situación nacional viene a dar respiro el secretario de Hacienda, al hacer público que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no absorberá los todavía no cuantificados pasivos de los tampoco sumados municipios. Enfáticamente anunció la negativa a hacer que las arcas nacionales cubrieran los desvíos.
Ahora quisiéramos que se anunciara que se fincarán responsabilidades en lo jurídico, político, financiero y administrativo a tales ilegalidades e irregularidades y que la Ley de Contabilidad Gubernamental se aplicara con la adjudicación de responsabilidades que ella misma prevé. Iría muy al modo de lo que se anuncia al promover la Comisión Nacional Anticorrupción. ¡Algún día habrá que empezar! Ojalá no se estrenen subterfugios para una vez más frustrar al pueblo fortaleciendo la impunidad.
