La Ley General de Víctimas constituye un esfuerzo por reconocer la realidad durante el periodo histórico reciente, en el cual la violencia produjo un incremento desmesurado de muertos, heridos y desaparecidos, y  donde además la acción del Estado para evitar la comisión de ilícitos se vio rebasada o cuando menos seriamente amenazada, afirmó Ricardo García Cervantes, subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR).

Fue una etapa extraordinaria, admitió también, donde esa violencia produjo numerosas víctimas no sólo por parte de los delincuentes, sino también por la acción misma de los agentes del Estado, y si bien no se puede generalizar, existe evidencia de que se han incrementado las violaciones a los derechos humanos por parte de integrantes de los tres órdenes de gobierno, esto es, de autoridades policiacas municipales, estatales o federales, o de las propias fuerzas armadas.

En entrevista con La Jornada, García Cervantes defendió la reciente publicación de la Ley General de Víctimas como un esfuerzo que obedece al reconocimiento de una realidad. También reivindicó el cambio de enfoque del nuevo gobierno federal en el combate a la criminalidad. Todavía hace unas semanas, dijo, el discurso era de “guerra, de cárteles y balas, y hoy se habla de paz. Esto tiene sentido porque venimos de la guerra, pero no la queremos. Queremos paz. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ganar la guerra? ¡No! Tengo que ganar la paz sustentada en la justicia”.

García Cervantes, quien nació en Coahuila en octubre de 1954, fue designado subprocurador de Derechos Humanos de la PGR cuatro días después de concluir su gestión como senador por el  Partido Acción Nacional (PAN), en el cual milita desde 1977. Fue líder de la bancada del blanquiazul en la Cámara de Diputados de 1994 a 1997 y regresó como legislador en 2000, cuando además le correspondió colocar la banda presidencial a Vicente Fox. También aspiró a dirigir ese organismo político en 1999 y fue subsecretario de Gobernación en 2005.

Hoy, con el regreso del PRI a la Presidencia de la República,  este político aceptó una responsabilidad en el ámbito de la procuración de justicia, desde la cual tendrá como una de sus principales tareas investigar las denuncias y averiguaciones abiertas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de Felipe Calderón y presentadas ante la PGR.

–Algunos dirigentes de organizaciones civiles y ciertos juristas afirman que esta ley no es aplicable, mientras el presidente Enrique Peña Nieto y otros grupos en favor de los derechos humanos defienden su validez. ¿Qué opina de unos y otros?

–Que no es la panacea, sino una herramienta, y para hacer  posible su perfeccionamiento se requería que fuera publicada. Tanto los delitos como las violaciones a los derechos humanos han generado víctimas que demandan atención especial, pues se produjeron en un periodo que no requiere más que el reconocimiento de la realidad: hay miles de personas que no se sabe si están vivas o muertas y muchos mexicanos más que han sido afectados por delitos como el crimen, la extorsión, el secuestro, las desapariciones forzadas, torturas, entre otros.

–¿Se tiene un panorama o alguna base de datos del número de víctimas?

–Las cifras son muy relativas. Se ha argumentado falta de objetividad en los procesos de generación de datos. Hay quienes dicen que existe una lista de 25 mil desaparecidos, y organizaciones que mencionan que son 18 mil. La legitimación de la ley no está en el número de afectados. Si bien la Ley General de Víctimas no es la pieza legislativa más acabada e ideal, se tiene el mecanismo para mejorarla. Hay quienes señalan que no existe ninguna similar en el mundo, como si México tuviera que resignarse sólo a copiar lo que hay en otras naciones.

El dato duro es el sufrimiento de muchas familias, se dice que más de 20 mil. Multiplíquelo por el número de parientes que quiera y estamos en presencia de un dolor nacional. Entonces, mejoremos, perfeccionemos la ley, pero no la descalifiquemos, porque tiene cosas positivas.

–¿En qué consiste el nuevo enfoque del combate al crimen organizado?

–La violencia no se combate con más violencia. Tanto se debilita, se denigra y envilece el que la usa para lastimar a la sociedad, es decir, el delincuente, como el Estado que responda igual.

“Tenemos que empezar por erradicar el uso de la violencia por el Estado, aunque sea en reacción contra los delincuentes. Si rompemos ese círculo vicioso y construimos una actitud de paz, se va a empezar de nueva cuenta.

“Es indignante, ofensivo, desalmado, verdaderamente cruel en lo que se ha convertido este combate y esta guerra. Se debe procurar justicia desde la representación social, metiendo a la cárcel al que agrede a la sociedad cometiendo delitos, como sacando de prisión al que sin haberlos cometido está en ella.

Ese es el sentido de la justicia y de la representación de la sociedad, y si se tiene aprecio por la libertad y por la vida de otro, no se puede abusar del arraigo, mucho menos de la tortura, la desaparición forzada y todos estos tipos que están señalados en los estándares y en los compromisos internacionales, y de los cuales también hay informes que mencionan a México como un punto de preocupación de la comunidad internacional. No es evitando el escrutinio y el acompañamiento de los observadores y de los relatores del sistema interamericano o del sistema de Naciones Unidas como vamos a arreglar el problema. Así lo único que haremos es ocultarlo, pero lo seguimos teniendo.

–¿Cómo se construye un sistema eficaz de ayuda a las víctimas?

–Se creará un Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que servirá para contar con un registro de casos y afectados. Un mecanismo que sea desde la perspectiva de la seguridad pública y de la falta de aplicación de estrategias frente al crimen. Sabemos que hay quienes no denuncian porque no confían en las autoridades, y ese es uno de los primeros pasos: ofrecer una razón para ir a registrar, para buscar a sus seres queridos, para que se investigue y se haga justicia.

–¿Existe capacidad para ello?

–Lo que ha quedado claro es que se requiere un sistema de coordinación y cooperación interinstitucional y fortalecer las capacidades de investigación e integración técnica de todos los niveles de gobierno. No quiero generar falsas expectativas; no vamos a encontrar a muchas personas, pero la sociedad está pidiendo que tengamos la capacidad y voluntad para investigar y hacer justicia. La PGR deberá comprometerse con acciones específicas, por ello pronto habrá una restructuración integral de la institución.

–¿Su militancia política tiene efecto en el cargo y en la perspectiva para atender el problema de las víctimas?

–El procurador, Jesús Murillo Karam (de militancia priísta), y yo somos los únicos dos políticos aquí y estamos absolutamente entendidos que nuestro trabajo está por encima y totalmente al margen de banderas partidarias. No tenemos ganas ni tiempo de estar subordinando nuestro trabajo a un propósito secundario y menor como son los propósitos de los partidos políticos.

–¿Y el nuevo enfoque?

–En un país como éste no puede haber paz y seguridad sin justicia. El concepto de paz nos permite lograr un desarrollo con justicia, porque no se trata solamente de meter al delincuente a la cárcel. Es dar oportunidades a quienes son vulnerables, porque, por su condición, el crimen organizado y el delito generan oportunidades. Se debe rescatar a esos mexicanos de caer en la dinámica de las bandas, las pistolas y la guerra.