El poeta Javier Sicilia, dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y Sergio Aguayo, profesor de El Colegio de México y presidente de Propuesta Cívica, enviaron una misiva a David T. Ellwood, professor de economía política y decano de la Escuela de Gobierno Jonh F. Kennedy de la Universidad Harvard, en la que le solicitan respetuosamente nos informe por escrito las razones que llevaron a incorporar a Felipe Calderón como integrante del programa Global Angelopoulos de Líderes Públicos de esa universidad, ya que no cumple con los criterios éticos de esa institución. Consideramos que su incorporación es un insulto a las víctimas de la violencia en México.

Refieren en la carta al profesor Ellwood que en la declaración de principios de la Escuela Kennedy se dice que quienes forman parte de esa comunidad se distinguen por respetar la dignidad de otros y por tomar en cuenta las consecuencias que las políticas tienen en las personas. En la misión de la Universidad Harvard se lee que sus integrantes asumirán la responsabilidad por las consecuencias de (las) acciones personales.

Añaden que dado que el ex presidente Calderón es investigador asociado de la Escuela Kennedy, ¿Qué tanto cumple con esos criterios? Hay aspectos que reconocerle a su gestión (2006-2012). Rindió cuentas positivas en cifras macroeconómicas y, salvo algunas excepciones importantes, tiene un historial razonable en libertad de expresión y acceso a la información. Como parte de la normalidad democrática, el análisis de su gestión ya está haciéndose en las universidades.

En la carta resaltan que lo que se discute intensamente es la responsabilidad que tuvo en la tragedia humana causada por la guerra contra el crimen organizado: más de 60 mil muertos, al menos 25 mil personas desaparecidas, 260 mil desplazados, 18 mil migrantes secuestrados cada año. Las principales organizaciones de derechos humanos del mundo (Amnistía Internacional, Freedom House, Human Rights Watch, etcétera) coinciden en que México vive una crisis humanitaria sin precedentes, debido, en parte, a decisiones tomadas por el ex presidente Calderón, quien, incluso, tiene dos denuncias penales en la Corte Penal Internacional.

Sostienen que sería injusto acusar a Felipe Calderón de haber ordenado la barbarie. Sí podemos asegurar que no respetó la dignidad de las víctimas, se desentendió de las consecuencias de sus políticas y evadió la responsabilidad de sus actos.

Los signantes de la carta acusan que el ex mandatario se comprometió en diversas ocasiones a crear un registro nacional de víctimas porque, según declaró en octubre de 2012, es importante que todos sepamos dónde está la gente que más sufre.

Hacen notar que “la Procuraduría General de la República (PGR) elaboró una lista de desaparecidos durante los seis años de Calderón, pero nunca la dio a conocer. Cuando terminaba su gobierno, funcionarios de esa dependencia entregaron al corresponsal del Washington Post, William Booth, una lista con 25 mil desaparecidos (publicada el 29 de noviembre pasado)”.