Los tribunales laborales en México a veces responden más a cuestiones políticas e intereses ajenos a su naturaleza y no se apegan a la ley, violando los derechos de los trabajadores, señalaron ayer abogados que participaron en la elaboración del amparo contra la reforma laboral, al ser cuestionados sobre si estos amparos no correrán la misma suerte que los que se interpusieron contra la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y no prosperaron.

Respondieron que algunos tribunales han hecho un lamentable papel en muchas de las demandas y juicios laborales, de manera que tienen ojos ciegos y oídos sordos a los reclamos obreros, por lo que el destino legal de los amparos y otros recursos no lo determina el que estén o no bien fundamentados, ni siquiera la cantidad de personas o trabajadores que los interponen, si no otros intereses que no tienen nada que ver con el derecho o las órdenes que reciben del gobierno para acallar algunos reclamos.

Del destino que espera en tribunales a los cientos de miles de amparos interpuestos contra la reforma, el abogado Manuel Fuentes Muñiz puntualizó que el caso es diferente de la Ley del Issste, porque ahora la argumentación se basa en jurisprudencias de la Corte en materia de violaciones a los derechos humanos laborales; así como en el desconocimiento y violación de más de 30 tratados y acuerdos internacionales firmados por México.

Incluso se tiene previsto llevar este litigio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y para ello tienen un plazo de seis meses, si los tribunales internos no dan una respuesta favorable a estos amparos. El proceso podría llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, explicó Fuentes Muñiz, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.

También explicó que en estos amparos vamos por cosas específicas, es decir, se busca echar abajo modificaciones a ciertos artículos de la Ley Federal del Trabajo, que violan los derechos humanos laborales a la estabilidad, al salario digno y otras, que se consideran inconstitucionales.

En tanto, el abogado Héctor Barba indicó que los amparos están legalmente fundamentados, pero que ya empezaron a surgir algunos elementos de carácter político en respuesta a los mismos. Esto es, porque la fundamentación de los reclamos presentados se basa esencialmente en el concepto de que se están violando derechos humanos como consecuencia de una reforma constitucional operada el año pasado, los cuales tienen la categoría de derechos constitucionales para todos los efectos y aplicación del orden jurídico.

Además, esta promoción de amparos a escala nacional será la más alta registrada en la historia del país en lo que se refiere a acciones de defensa de los derechos fundamentales, pero “hemos de señalar con preocupación una primer respuesta que se está dando a los mismo, no desde el Poder Judicial, no de parte de la Suprema Corte ni de los jueces de distrito que han estado admitiendo los amparos, sino de parte del Poder Legislativo, influida por el Poder Ejecutivo –hasta donde entendemos– el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados presentó la semana pasada un proyecto de ley que pretende dar para atrás la reforma a la Constitución que indica que los derechos humanos tienen rango constitucional, lo que es preocupante para todos los trabajadores”.