ás allá de los propósitos expresados por la administración de Enrique Peña Nieto en el sentido de reformular la estrategia de seguridad pública, combate a la delincuencia y atención a las víctimas de la criminalidad y de los excesos cometidos por las corporaciones públicas en el contexto de la guerra
declarada por su antecesor, la violencia extrema sigue causando estragos en el país y en el mes y medio transcurrido desde la conformación del nuevo gobierno ha provocado centenares de muertes. El elevado saldo de homicidios que se registró el fin de semana pasado en diversas zonas del país culminó con más de una decena de ejecutados en el estado de México, una de las entidades más afectadas por la violencia.
Ciertamente, nadie habría esperado que las confrontaciones armadas y los asesinatos cesaran como por arte de magia sólo por el inicio del gobierno peñista, ni que tuvieran lugar en unas pocas semanas avances espectaculares en la pacificación del país y en el restablecimiento del estado de derecho.
Sin embargo, entre la transición gubernamental de diciembre pasado, las fiestas decembrinas y el arranque de un nuevo año, pareciera haberse diluido en la sociedad la conciencia de que el país se encuentra sumido en una catástrofe de seguridad pública, de que la criminalidad organizada mantiene el control de regiones, las instituciones están infiltradas por la delincuencia y continúa la ola de homicidios en diversos puntos del territorio nacional.
Como se ha señalado en este espacio, el hecho de que la administración priísta haya expresado un deslinde claro con respecto a las desastrosas políticas de seguridad seguidas por su antecesora blanquiazul es, en sí mismo, un hecho positivo, pero se requiere formular, además, una estrategia integral –esto es: social, educativa, administrativa, política, económica y de salud, además de policial– para enfrentar la ofensiva de la delincuencia. Sigue siendo una asignatura pendiente y urgente, además, por cuanto resulta inaceptable que la nación siga sumida en un baño de sangre, en un vacío de autoridad que afecta a muchas de sus regiones, en una circunstancia de supeditación a Washington, en la zozobra y en el dolor de nuevas muertes violentas.