José Luis Soberanes Fernández, ex presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), académico e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y experto en derecho constitucional, destaca: La Ley General de Víctimas es un batiburrillo (mezcla de sabores, colores, estilos). Hay que replantearla toda. Es una ley bastante malita.

Sostiene que esto es producto de las bacanales legislativas, donde sacan las cosas con una irresponsabilidad mayúscula. Por eso hacen este batiburrillo, porque no son especialistas y andan viendo cómo se cuelgan medallitas.

Entrevistado por La Jornada, señala que el principal problema es que la ley carece de técnica legislativa; las cuestiones de inconstitucionalidad son un tema muy menor. Y aunque se diga que es algo perfectible y que en breve los grupos parlamentarios presentarán una serie de reformas, lo que se necesita es replantearla toda. Tienen que hacer una nueva ley.

Soberanes Fernández advierte: Esta es una ley que nadie cuidó, que nadie le dio importancia. Era un momento político bastante delicado, porque se acercaban las elecciones federales y nadie se quería aventar el tiro de quedar como políticamente incorrecto, de ser criticado por el fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), el poeta Javier Sicilia, y ahí quedó. No se va a poder aplicar.

–Ante los cuestionamientos a la ley de víctimas, recién publicada por el presidente Enrique Peña Nieto, ¿cuál considera que es su principal problema?

–El problema de fondo es que esa legislación carece de técnica jurídica y eso la hace inoperante.

¿Qué es la técnica jurídica? Es la técnica legislativa, es la forma en la cual las instituciones se pueden adecuar mejor al sistema jurídico. Es un modo o forma; sin ella no sirve la ley. La podemos definir como un método que se trabaja desde hace siglos. Nosotros no podemos inventar el derecho. Es una forma de actuar de la sociedad y es seguida desde entonces por la tradición occidental, señala el ex ombudsman.

–¿Qué otros problemas tiene dicha ley para ser aplicable?

–Tienen que hacer una nueva. Los problemas empiezan precisamente en los conceptos. Confunde víctimas de violaciones a derechos humanos con ofendidos de los delitos. Son dos cosas diferentes: una es que una autoridad viole un derecho humano y otra es que un ciudadano sea víctima de un ilícito. Está también el problema financiero. ¿Quién va a financiar esto? ¿Quién va a pagar las indemnizaciones?

Nadie quería quedar mal con Javier Sicilia, señala en entrevista el ex ombudsmanFoto María Luisa Severiano

–¿Considera que el ahora ex presidente Felipe Calderón se negó a publicarla porque no quiso reconocer el problema que generó con su guerra o por los problemas que tiene la ley?

–Ambas cosas. Creo que ya había en él una actitud de confrontación con muchos actores políticos, y ya lo que quería era terminar su mandato. A esta ley le faltó trabajo político del gobierno de Calderón, del secretario de Gobernación con los partidos. No quisieron trabajar con el Congreso para elaborar un trabajo decoroso, por eso hicieron este espanto.

–Con errores, pero fue una ley aprobada por unanimidad en el Senado...

–Por eso sostengo que en esta bacanal legislativa –diputados y senadores– sacan las cosas con una irresponsabilidad mayúscula y luego salen estos batiburrillos.

Ubiquémonos en los últimos años: sacan y sacan leyes que son inaplicables. Si revisamos el catálogo de leyes hay una enorme cantidad que son inoperantes. Esta es una ley que nadie cuidó, que nadie le dio importancia porque era un momento político bastante delicado; se acercaba la elección presidencial y nadie se quería aventar el tiro de quedar como políticamente incorrecto, de ser criticado por Javier Sicilia.

–¿Calderón criticó y luego acusó al Congreso de no tener facultades para elaborar esta ley.

–Sí, sí tiene facultades. El problema es la irresponsabilidad de Calderón, que en lugar de ser jefe de Estado se le hizo más fácil aventarle pedradas al Congreso. Con él fue la historia de siempre de mandar iniciativas sin negociarlas y luego criticar si no se le aprobaban. Era una guerra sucia. El presidente Calderón debió haber asumido su responsabilidad para tener una ley útil, de consenso.

–¿Recomendaría al Congreso elaborar una nueva ley?

–Por supuesto, pero no nada más a los legisladores, también al presidente Peña Nieto, porque tiene responsabilidad política. No se trata nada más de estar aventando la pelotita a la cancha de enfrente, sino elaborar una ley factible.

–¿Cuál fue la responsabilidad de Calderón?

–No trabajar con el Congreso.

–¿Y la de Peña Nieto, que publicó la ley a sabiendas de los problemas que tiene?

–Más de lo mismo. O sea, fue un acto meramente de publicidad política con unas consecuencias que pueden ser graves. Por eso en todo momento se habló de que la ley era perfectible. ¿Por qué no hacen bien las cosas?

–¿El gobierno actual tiene que reconocer que será  inaplicable el ordenamiento?

–Sí, porque si no nos vamos a quedar nada más con el aplauso. Tienen que hacer una nueva ley.