La Ley General de Víctimas tiene serias deficiencias estructurales debido a la falta de técnica jurídica con la cual fue elaborada, por lo que incluso sería necesario reformularla por completo, advirtió la especialista en derecho constitucional María del Pilar Hernández.

Además de rebasar las facultades otorgadas al Congreso de la Unión por el artículo 73 constitucional, la norma recién publicada no tiene claridad sobre diversos puntos, entre ellos qué presupuesto va a tener, cómo se va a clasificar el nivel del agravio sufrido por una víctima y cómo evitar que se magnifique la burocracia encargada de hacer andar el mencionado sistema.

No es la ley más acabada, en razón de la ausencia de técnica legislativa y de vasos comunicantes entre las dos cámaras del Congreso. Todo es perfectible en esta vida, pero esta norma sí llega a tener serias deficiencias estructurales, dijo.

Aunque admitió que los legisladores pueden subsanar algunos huecos de la nueva ley, la académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) estimó que a veces cuesta más trabajo remendar que volver a hacer todo, y en este caso es más fácil volverlo a hacer.

Al manifestar su acuerdo con las declaraciones del ex presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH José Luis Soberanes Fernández –en el sentido de que la ley de víctimas es un batiburrillo–, Hernández lamentó que al publicar la norma el presidente Enrique Peña Nieto haya preferido saltar el escollo de la controversia constitucional de Felipe Calderón, sin importar que se generaran muchas deficiencias en el resultado final.

En contraposición, abogados y activistas de derechos humanos consideraron que a pesar de sus defectos, siempre será preferible tener ya una legislación para discutirla y mejorarla, a no tener ninguna y seguir promoviendo la impunidad.

Raúl Ramírez Baena, director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, subrayó que la publicación de la ley ya es por sí misma un acto positivo, en tanto admite la responsabilidad del Estado con las víctimas, pero coincidió en que le falta claridad en muchos aspectos, entre ellos la cantidad de recursos económicos para atender las necesidades para su cabal aplicación. Son temas que están provocando mucho ruido y con justa razón, por eso hace falta publicar un reglamento muy preciso, con la participación de la sociedad civil. De lo contrario, la ley puede caerse y quedar en letra muerta, advirtió.

Manuel Fuentes, ex director de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, también saludó la aprobación de la norma como un paso adelante, aunque llamó a resolver cuanto antes los detalles en donde puede haber malos funcionamientos.

Lo que dice Soberanes no hace ineficaz la ley. Es perfectible, pero no inoperante, y en la tarea de volverla más realizable el Estado deberá asumir su papel. Es mejor tener una ley para discutirla y mejorarla, que no tener ninguna y seguir con la impunidad, consideró.