La nueva Ley General de Aguas, que se debe reformar ya que la Constitución considera desde el año pasado el derecho humano al líquido, debe priorizar el carácter de bien común y público de este recurso, señaló la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (Comda). Aunque esta legislación debe aprobarse en febrero, aún no se conocen iniciativas en el Congreso y existe el temor de que haya un albazo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sostuvo Areli Sandoval de Comda.

Explicó que hay un borrador de una propuesta ciudadana, elaborado por diversas organizaciones, y uno de los temas a discusión es la definición de los parámetros bajo los cuales se debe considerar el acceso a este derecho humano, tomando en cuenta que en el país hay una distribución desigual del recurso. Indicó que se tienen que tomar en cuenta aspectos como usos del agua, participación ciudadana y tarifas.

De acuerdo con un artículo transitorio estipulado en la aprobación de la modificación al artículo cuarto de la Constitución, el 8 de febrero de 2012, en febrero de este año se debe aprobar la nueva ley sobre agua que considere los cambios constitucionales.

Comda consideró que el Congreso de la Unión debe emitir una Ley General de Aguas, y los estados deben realizar la correspondiente homologación de los marcos legales locales, que contemple la esencia contenida en el artículo cuarto constitucional y estar apegada a los principios y estándares establecidos en los instrumentos internacionales.

Detalló que se debe incluir el tema de la disponibilidad, ya que el abasto del líquido debe ser suficiente y continuo; cada persona debe contar con una cantidad de agua cada día para uso personal y doméstico, además de disponer con instalaciones de agua en el hogar, escuela o trabajo. La Organización Mundial de la Salud precisa que para cumplir con este derecho humano la fuente de agua no puede estar a más de mil metros del hogar.

Además, agregó la Comda, los costos asociados al abastecimiento del líquido no deberían poner en peligro o mermar el disfrute de este derecho. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sugiere que los costos del agua no superen 3 por ciento de los ingresos del hogar, para esto la ley debería dar pie a una revisión de las tarifas que se aplican en el país.

Indicó que bajo esta óptica se deberían impedir situaciones que se dan en la mayoría de las ciudades en las cuales se ha privatizado el agua, como los cortes del servicio por falta de pago, lo cual también debe revisarse desde el enfoque del derecho humano a este recurso.

El Observatorio de Política Social y Derechos Humanos consideró que esta ley deberá definir las bases, apoyos y modalidades por las que el Estado mexicano garantizará la participación de la Federación, las entidades federativas, los municipios y la ciudadanía. Detalló que la cobertura del servicio de agua potable –hasta 2010– abarca a 90.9 por ciento de la población, por lo que sigue sin ser un derecho ejercido por 9.1 por ciento de la población del país, distribuida primordialmente en Oaxaca y Coahuila, lo cuales aún se encuentran por debajo del nivel de cobertura nacional registrado en 1990, ya que cuentan con porcentajes de 76.1 y 77.3 por ciento, respectivamente.