Aunque en México se ha avanzado en materia legal y social en cuanto al tratamiento, promoción y ejercicio de derechos de las personas con algún tipo de discapacidad, aún falta mucho para adecuar y modernizar el marco jurídico y la percepción y trato que gobiernos y sociedad muestran hacia éstos, indicaron especialistas en el tema durante el foro De cómo la discapacidad entrecomilla a la normalidad, y aseguraron que se deben cambiar esas visiones y acciones.

Márgara Millán, académica de la Facultad de Ciencias, Políticas y Sociales (FCPS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Édgar Valdés, experto en temas de derecho internacional, y Patricia Brogna, profesora de la Universidad Tecnológica de Santa Catarina, refirieron que prevalecen la conmiseración y la duda respecto de si las personas discapacitadas pueden tomar ciertas decisiones, y en cuanto a las políticas destinadas al sector indicaron que la tónica es el asistencialismo y el paternalismo.

Insistieron en que tal como establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, de diciembre de 2006, la idea de la discapacidad no existe, sino que es un acontecimiento que ocurre cuando encontramos barreras de diversa índole, entre ellas sociales, económicas, educativas y laborales, además de otras.

Millán refirió que en el caso de las leyes en México relacionadas con el sector sí están atrasadas, no han avanzado como internacionalmente, aunque reconoció que en los años recientes se ha abordado con amplitud el tema de las personas diferentes, pero dijo que en ámbitos como el educativo, por ejemplo, el tema de la verdadera inclusión no se ha logrado, habría que replantear el modelo educativo.

Edgar Valdés Kinney, quien se ha desempeñado como profesor universitario, sostuvo que en el tema de leyes si se hace un estudio histórico se llega a la conclusión de que ha habido avances, pero hay muchas lagunas en el tema discapacidad y de su percepción, y destacó la necesidad de avanzar más en el tema del autogobierno de estas personas.

Sobre lo que plantea la referida convención de la ONU, manifestó que en el marco jurídico del país prevalecen conceptos distintos y a veces opuestos. Precisó que la Ley General de las Personas con Discapacidad habla de establecer una educación especial, cuando la convención señala una educación donde estén todos, en la que se empiece a romper la separación.

Brogna indicó que si las personas sin discapacidad y las que padecen alguna seguimos estando en espacios separados, ¿cómo vamos a romper los estereotipos y los prejuicios?, y criticó que en países de la región, por ejemplo, se ponga en duda la capacidad de estas personas para tomar decisiones políticas en comicios.

Millán remarcó que la normalidad es un concepto muy variable y que nos hace discriminar, ser inhumanos y poco solidarios, por qué, ¿cuál es la normalidad del mundo?, lo que se define como normal es lo que es capaz de funcionar adecuadamente dentro de los estándares vigentes. Pero indicó que los criterios para definirla y considerarla pueden ser muy diversos.