erca de 400 mil millones de pesos en deuda púbica de estados y municipios parecen no preocupar a nadie, salvo a los habitantes de los 31 estados de la República, más los del Distrito Federal, quienes son los que a final de cuentas pagarán la abultada factura, mientras los responsables de tan voluminoso endeudamiento se mantienen en total impunidad. Los tres niveles de gobierno han fijado su posición, cada cual echándole la bolita a los otros dos: el federal pintó su raya, y jura que no habrá rescate, porque no es su responsabilidad; los estatales aseguran que, le guste o no, tarde que temprano el centro deberá hacerlo, o en su defecto incrementar las participaciones de la federación; y los municipales que les urge que alguien les aviente un salvavidas, porque no tienen ni para pagar sueldos y salarios, de tal suerte que los dos anteriores están obligados a sacarlos del hoyo.

Así, los tres niveles de gobierno se avientan la papa caliente (sin identificar ni comprometer a ninguno de los responsables), mientras los ciudadanos padecen ante la eventualidad de que sus respectivas localidades se conviertan en ciudades fantasma por la falta de recursos y la inacción de sus presuntas autoridades. Y no se trata de que con el advenimiento de la nueva administración federal algún iluminado escuchó el tic-tac de la bomba de tiempo que implica la deuda de estados y municipios, sino de un problema que, desde cuando menos el arribo del cambio a Los Pinos, al cierre del año 2000, resultaba más que obvio que reventaría más temprano que tarde.

En este mar de evasivas y en medio del tradicional juego de agarra la papa caliente, se supone que una de las involucradas en esta pútrida trama debería ser la banca privada, la cual alegremente concedió todo tipo de créditos a gobernadores y presidentes municipales, hasta concentrar (al cierre de marzo de 2012) 53 por ciento del citado débito (210 mil millones de pesos), o lo que es lo mismo de cada peso de endeudamiento reportado por estados y municipios, 53 centavos se deben a las instituciones financieras privadas, fundamentalmente a dos: Banamex y Bancomer.

En este contexto, más de una de las trasnacionales financieras que acaparan el sistema bancario que opera en el país deberían estar sudando la gota gorda, ante la posibilidad de que uno, varios o, de plano, todos los estados y municipios de la República Endeudada se declaran en mora. Pero no, no es así, porque para eso existen los recursos presupuestales que el centro (léase el gobierno federal) les transfiere a las 32 entidades del país y a los 2 mil 440 municipios, más las 16 delegaciones del Distrito Federal. Además, a la banca privada se le puede acusar de cualquier cosa, menos de pendeja.

Lo anterior porque, de acuerdo con la estadística de la Secretaría de Hacienda (cuyo titular, Luis Videgaray, ya dijo un seco no al rescate), la deuda pública que estados y municipios mantienen con la banca privada está garantizada, 90 por ciento, con las participaciones federales que reciben esos mismos estados y municipios. El 10 por ciento restante está resguardado con los ingresos propios que generen dichas entidades (tenencia vehicular, predial, ingresos por servicios públicos, etcétera). Así, en este explosivo tema la menos preocupada es la dueña del circo, que sin sufrimiento alguno alegremente ve cómo bailan los enanos. La banca privada, pues, no sufre ni se acongoja.

Otra que debería preocuparse por la bomba de tiempo de mecha cada día más corta es la banca de desarrollo, un grupo de siete entidades financieras del sector público, que en tiempos panistas fue utilizada para cualquier cosa, menos para el desarrollo, es decir, el objetivo que la ley le marca. Con estas entidades públicas los estados y municipios contrataron 23 por ciento (alrededor de 92 mil millones de pesos) de su deuda, y no tienen para cuándo ni con qué saldarla.

Se supone, nuevamente, que la banca de desarrollo también debería estar preocupada por el negro futuro inmediato que observa, ante la posibilidad de que estados y municipios dejen de pagar sus abonos. Pero en este caso tampoco es así: el pago de 90 por ciento de esos 92 mil millones de deuda con las citadas instituciones de desarrollo está garantizado con las participaciones federales, que en automático se canalizan a las arcas de los consorcios financieros (públicos y privados). Entonces, la banca de desarrollo, oficialmente, tampoco sufre ni se acongoja.

Para tapar el ojo al macho, muchos gobernadores recurrieron a la Bolsa Mexicana de Valores para bursatilizar sus deudas y así atenuar su servicio, según dijeron. Por ello, los inversionistas en el mercado mexicano de valores estarían más que preocupados por una eventual suspensión de pagos de la deuda estatal y municipal. Pero no. Igual que a los banqueros, a los especuladores bursátiles se les puede acusar de infinidad de raterías, pero nunca de pendejos, y para aceptar la bursatilización de dichos débitos, la condición fue las participaciones federales y los ingresos propios por adelante, de tal suerte que los cerca de 60 mil millones de pesos que en bonos de deuda acumulan los citados gobiernos están garantizados por esas dos vías.

Entonces, preocupados, lo que se llama preocupados, no están los acreedores de los gobiernos estatales y municipales. La banca privada sigue ofreciendo créditos sin ton ni son, siempre y cuando la garantía de las participaciones federales se mantenga intocada. De hecho –como acostumbra– presta para pagar préstamos, con un modesto incremento en los intereses a cobrar. La banca de desarrollo también tiene su garantía, aunque en este caso simplemente se trata de pasar de un bolsillo al otro el mismo recurso de origen federal. Los especuladores bursátiles tampoco abandonan la ubre presupuestal, y los gobernadores (en funciones o recién colgados de otro hueso) son felices, porque nadie los llama a cuentas y a la federación le avientan la papa caliente, mientras se endeudan más.

Las rebanadas del pastel

¿Quién queda en esta cadena de preocupación? Sólo los ciudadanos, quienes deben pagar doblemente: por la voluminosa deuda contratada por sus gobiernos (que nadie sabe, aunque lo supone, en qué se utilizó), y por la carencia de recursos para fomentar el crecimiento económico y el desarrollo de sus respectivas entidades, mientras el gobierno federal finge demencia. Así de sencillo, así de cruel: los dineros de la nación para todo, menos para la nación.

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