Toluca, Méx., 16 de enero. La magistrada federal María de Lourdes Lozano Mendoza cerró este miércoles las posibilidades de libertad inmediata de los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez, así como las del teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y del mayor Iván Reyna Muñoz, al confirmar el auto de formal prisión que desde agosto pasado enfrentan los mandos militares por sus presuntos vínculos con los hermanos Beltrán Leyva.

Según fuentes judiciales, muy temprano, en un último intento por conseguir un fallo en favor de los militares, familiares de los generales Ángeles y Dawe se entrevistaron con la juzgadora en sus oficinas ubicadas en la capital mexiquense, y le mencionaron que, en el caso del primero, la Procuraduría General de la República (PGR) le devolvió hace un mes diversos bienes que le tenía asegurados, luego de que la dependencia no encontró elementos que vincularan algunas propiedades del militar con la delincuencia organizada.

Acreditada, la existencia del delito, determina la juez

En vano fueron esos intentos, pues la juzgadora –quien se negó a dar pormenores a La Jornada de sus puntos resolutivos con el argumento de que tenía mucho trabajo y no concedía entrevistas– consideró que hay elementos probatorios suficientes para que los tres generales y sus coacusados sigan en prisión y bajo proceso penal.

Los militares perdieron la apelación con la que buscaban su libertad debido a que el tribunal consideró que la acusación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación sobre Delincuencia Organizada (Seido) acreditó la existencia del delito y la probable responsabilidad de los inculpados.

Este fallo de segunda instancia no es definitivo, pues ahora los abogados de los militares tienen la posibilidad de impugnarlo por medio de un amparo que resolverá un tribunal colegiado.

Aunque la magistrada Lozano Mendoza se negó a dar a la prensa información precisa de los argumentos por los que confirmó la formal prisión de los militares, por la tarde emitió una tarjeta informativa difundida por el Consejo de la Judicatura Federal.

En ella se indicó que para el órgano jurisdiccional, los dichos de los testigos protegidos Jennifer y Sergio Villarreal, El Grande, narcotraficante que trabajaba para los hermanos Beltrán Leyva, sí aportan sustento al expediente de la PGR, sin que existan otras pruebas aptas y contundentes que permitan desestimarlos.

Esos testigos hablaron desde instalaciones de la PGR en Estados Unidos. En sus dichos aseguran que los militares se confabularon para interceder o prestar a los Beltrán Leyva la protección necesaria para descargar aviones cargados de cocaína en los aeropuertos de Cancún, Toluca y Cuernavaca.

Al resolver la aludida apelación, el tribunal unitario confirmó el auto de formal prisión dictado por el juez de distrito, al considerar correcta su apreciación jurídica en el sentido de que hasta el momento procesal en que se encuentra la causa penal, existen suficientes pruebas para tener por demostrado el cuerpo de los delitos especificados, así como de manera particular la probable responsabilidad de los mencionados inculpados, informó el Consejo de la Judicatura.

La magistrada consideró además que los argumentos de los militares, denominados agravios, no resultaron eficaces para poner de manifiesto que el juez de distrito de primera instancia hubiere aplicado inexactamente la ley o violado los principios que regulan las pruebas en un juicio.

Se coincidió con la postura de dicho juzgador en el sentido de que las pruebas de cargo aportadas por la fiscalía federal para dar sustento al ejercicio de su acción penal revestían la consistencia necesaria para cumplir con los extremos jurídicos que condicionan el dictado del auto de formal procesamiento, sin existir por otro lado, hasta ese momento del dictado de la resolución, pruebas aptas y contundentes que permitieran desestimar ese alcance, agrega la ficha de la magistrada.