al vez la única buena noticia para Chihuahua estos días es que ahora sí hay invierno. Esto quiere decir que ha habido fuertes heladas, acompañadas de nieve y aguanieve, cosa que no deja de ser un buen augurio en medio de tanta sequía y tantos signos de cambio climático. Por acá es bienvenida el agua en cualquiera de las formas que llegue: líquida, sólida o gaseosa. Aunque el otro lado de la moneda es que las muertes por hipotermia están aumentando.

Pero los viejos problemas en esta entidad norteña no se solucionan, y aparecen otros nuevos que abigarran el ambiente político y social en un año de elecciones locales.

En la capital del estado, el año termina y comienza con duras acciones represivas contra los vendedores ambulantes en el contexto del proyecto de regeneración del centro histórico. El día 21 de diciembre la policía arremete contra todos ellos, sin importar si pertenecen a la CNOP, a la CTM, al Comité de Defensa Popular, a El Barzón o a ninguno de ellos. Los desaloja y decomisa sus puestos y mercancías: desde una estructura metálica para colgar ropa hasta una modesta canasta con pepitas de calabaza. Al principio parece que hay una cierta negociación con algunos líderes y organizaciones, pero luego las autoridades municipales hacen tabla rasa, rompen todo acuerdo y, pasando las fiestas navideñas, desalojan a todo mundo por parejo. Los vendedores de El Barzón y otro grupo independiente responden con sendos plantones ante el palacio de gobierno y el palacio municipal y los gobiernos estatal y municipal ripostan con un operativo de policías, granaderos, antimotines, swats, y cuanto elemento, artículo o aparato disuasivo tienen a la mano para amedrentar a los manifestantes y hacerlos desistir de cualquier acción directa. Ya quisiéramos ver los chihuahuenses este tipo de operativos policiacos, no contra los ambulantes, sino contra los delincuentes que asuelan las calles o han tomado por completo algunas carreteras del estado.

No paran ahí las cosas. Las autoridades, aliadas con algunos comerciantes establecidos y comunicadores de nómina, emprenden un linchamiento mediático y político contra los ambulantes y sus organizaciones: apelando a cierto racismo velado de por acá, dicen que el ambulantaje es antiestético y que además de vender mercancías piratas quién sabe cuántas cosas más venderán. Así, el pasatiempo favorito de algunos medios y algunos políticos declarantes es ahora la denostación y la criminalización de las y los vendedores, parte de los cuales son indígenas mazahuas, ñañús, mixtecos, nahuas que, aunque provienen del centro y sur del país, tienen lustros en estas tierras.

Las organizaciones sociales han respondido con un discurso muy bien articulado en las palabras y en los hechos. Muestran historias de vida de vendedoras y vendedores que gracias a su trabajo les han dado carrera a sus hijos y construido hogares productivos. Hacen ver cómo en el contexto de terrible contracción del empleo provocada por la violencia y las malas políticas públicas en Chihuahua, la economía informal ha sido la mejor estrategia de la gente por autoemplearse. Destacan el peligro de cerrar todas las opciones de vida honesta en una coyuntura en que las tentaciones por las opciones violentas pululan por todos los rumbos. Nada de esto ha servido ante la bunkerización física y mental de las autoridades estatales y municipales. Es tal la cerrazón que ni siquiera se ha podido arrancar una audiencia al alcalde chihuahuense.

Otro problema que tiene al estado al filo de la navaja es el endeudamiento público. Aunque no se ha hecho tanto escándalo como en Coahuila o Chiapas, Chihuahua figura en segundo lugar en deuda por habitante con 27 mil pesos, sólo atrás de Nayarit, con 55 mil pesos per cápita. Esto ha orillado al gobierno estatal a lanzar un plan de austeridad, y ya se está contemplando el recorte de mil 500 plazas en las próximas semanas. Después del dispendio electoral del año pasado, viene la cruda. Se impone la austeridad, sobre todo a quienes perderán el empleo, pero sin transparentar las causas de la quiebra: la Comisión de Fiscalización del Congreso sigue sin dar respuesta a la demanda ciudadana para que se explique el sobregiro del gobierno del estado por más de mil 700 millones de pesos durante el segundo trimestre –el de la campaña electoral– de 2012.

Y aunque la sequía parece ceder, no así la violencia. El final de 2012 y el principio de 2013 trajeron muchos asesinatos, sobre todo en la sierra Tarahumara, en los municipios de Bocoyna, Guachochi, Chínipas y Guadalupe y Calvo. Es muy preocupante que el número de mujeres ultimadas en esta región va en ascenso. Mientras los cárteles se pelean la ruta de la sierra e instalan retenes en los caminos, el gobierno del estado sigue celebrando la reducción de los índices de violencia.

Así comienza Chihuahua este año de elecciones locales: los partidos aprestan sus armas para el combate, pero la mayoría de la gente, que vive entre los rigores del frío y de la situación económica, tiene fuertes dudas de si estas elecciones servirán en algo para aliviar su dura situación.