El presidente Enrique Peña Nieto realizó un ejercicio parcial de transparencia, ante su negativa a difundir el valor de sus bienes inmuebles, señaló Miguel Pulido, director de Fundar, centro de análisis e investigación en temas de transparencia.

En la víspera, cuando Peña Nieto difundió su declaración patrimonial, indicó: Evidentemente el ejercicio es parcial. Si el objetivo era demostrar voluntad política y un compromiso profundo con la transparencia, es insuficiente la información que dio a conocer.

Al menos dos presidentes que antecedieron a Peña Nieto, Vicente Fox y Felipe Calderón, en su primer año de gobierno dieron a conocer en detalle el valor de sus propiedades y de otros bienes.

Pero en la gestión del segundo, 18 integrantes de su gabinete optaron, en 2010, por mantener en la confidencialidad sus datos patrimoniales, incluyendo al ex titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Salvador Vega Casillas.

La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (Lfrasp) permite a éstos, en su artículo 40, la confidencialidad de su situación patrimonial, pero no los exime de entregar sus declaraciones patrimoniales a la aún existente SFP, hasta en tanto los legisladores no emitan la ley para la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción.

Dicho artículo indica que la publicitación de la información relativa a la situación patrimonial se hará siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate.

Sobre el tema, Pulido refirió que si el presidente Peña Nieto teme, por seguridad personal, no revelar el monto y valor de sus bienes, pues como sociedad, resulta impermisible; qué podemos esperar los ciudadanos de a pie.

Pulido refirió que, no obstante, hay que reconocer que este ejercicio de transparencia permite a la ciudadanía empezar a construir ciertas preguntas. Por ejemplo, (Peña Nieto) reconoce que recibió un terreno en donación, en diciembre de 2012. Lo importante sería saber quién le hizo la donación, para descartar algún conflicto de intereses.

El titular de Fundar refirió que, independientemente de que los funcionarios públicos no den a conocer su situación patrimonial, todos sin excepción, por ley, tienen obligación de entregarla ante la SFP.

Al respecto, la Lfrasp señala en su artículo 8 que los servidores públicos que ocupen cargos desde jefe de departamento y superiores, tienen la obligación de presentar con oportunidad y veracidad ante la SFP las declaraciones de situación patrimonial.

Pulido comentó que la decisión de hacer pública la declaración patrimonial corresponde al fuero interno de cada servidor público; está en su legítimo derecho en no hacer pública su declaración, lo cual no lo cuestionamos, pero en términos políticos y de voluntad democrática Peña Nieto tiene un déficit por revelar.

Existe también el legítimo derecho ciudadano de cuestionar la probidad y disposición del Presidente y de los funcionarios públicos de dar la cara a la sociedad.