Abogados de la Secretaría de Gobernación (SG) afirmaron que existen elementos para cancelar los dos permisos de casinos otorgados durante el último tramo del sexenio calderonista.

En el análisis preliminar acerca del estado en que recibieron la Dirección General de Juegos y Sorteos –y la consecuente operación de casas de juego en el país–, funcionarios de Gobernación indicaron que hasta ahora no han encontrado los elementos con los que sus antecesores emitieron, en agosto pasado, resoluciones administrativas que convirtieron en permisionarias a Producciones Móviles y Exciting Games.

Estas empresas –en conjunto, tienen licencias para explotar 47 salas de apuestas remotas y otro tanto de salas de sorteo de números– se encuentran relacionadas con la presunta red de corrupción en este sector, en la que se ha involucrado a ex funcionarios y legisladores panistas de las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón.

También son parte de un circuito de irregularidades del que se desprendieron licencias, como la que se autorizó para la apertura del casino Royale, en Monterrey, donde en agosto de 2011 un incendio provocó la muerte de 52 personas.

En medio de un litigio –con aristas administrativas, mercantiles y penales– entre Entretenimiento de México (Emex) con sus operadoras, el juez segundo de distrito en materia administrativa de Nuevo León, Javier Rubén Lozano Martínez, otorgó el 3 de enero pasado una suspensión definitiva de los hechos denunciados por Emex, propiedad de Arturo Rojas Cardona.

El juez ordenó la cancelación de los permisos otorgados a las empresas en mención, ya que la SG las convirtió de operadoras de Emex a permisionarias, con base en una resolución administrativa.

Con base en la Ley de Amparo se concede la suspensión definitiva de los actos reclamados por la parte quejosa Entretenimiento de México, sociedad anónima de capital variable, para el exclusivo efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que actualmente se encuentran y se suspendan los efectos y consecuencias de las resoluciones reclamadas, esto es, las autorizaciones DGAJS/SCEVF/P-06 /2005 BIS y DGAJS/SCEVF/P06/ TER, se lee en la resolución. Queda pendiente la sentencia final del juicio en la que se determinará quién opera legalmente.

En los próximos días, el titular de la secretaría, Miguel Ángel Osorio Chong, dará un informe del estado de los permisos de juegos y sorteos. “Hay un análisis enfocado a por qué de pronto se da este ‘permiso dividido’; estamos estudiando también esa suspensión (en favor de Emex); al parecer hay irregularidades”, indicó uno de los abogados de la SG, responsables de esta investigación.

La Ley y el Reglamento de Juegos y Sorteos no incluyen la figura de operador independiente y tampoco prevé requisitos para que una operadora se convierta en permisionaria con el criterio de resolución administrativa.

Consultado al respecto, un alto ex funcionario del gobierno calderonista reconoció que la resolución judicial citada sí ordena la cancelación de los permisos a las empresas en las que se ha relacionado a Juan Iván Peña Neder, ex cordinador de asesores de la SG; Roberto Correa, ex titular de la Dirección General de Juegos y Sorteos, y a Guillermo Santillán, también ex funcionario de la subsecretaría de Gobierno, entre otros.

La aceptación de participaciones (pagos al erario), con base en las cuales algunos operadores supuestamente generaron derechos, es una práctica iniciada desde 2008 y denunciada como ilegal en 2011, admitió el ex funcionario.

Las operadoras pasaron a ser permisionarias con el argumento de que Emex estaba en concurso mercantil y que su pugna con las operadoras era parte de un fuerte pleito entre casineros.

Las resoluciones administrativas no pueden ni deben considerarse como nuevos permisos, precisamente porque se trata del reconocimiento de derechos de esas empresas, derivado de la operación que acreditaron, dijo el ex subsecretario de Gobierno, Obdulio Ávila, durante una conferencia realizada el 15 de enero pasado. Sin embargo, en la lista de la SG tales empresas están clasificadas como permisionarias.

Lo que sí me interesó siempre –añadió Ávila– es que un permisionario (Rojas Cardona) no se fuera a quedar, vía juicios, con 30 por ciento de las licencias del país.