La defensa del general de división Tomás Ángeles Dauahare solicitó al juzgado tercero de distrito en materia penal, con sede en Toluca, que dicte sentencia a su cliente, toda vez que no existen pruebas que acrediten las imputaciones que le hizo la Procuraduría General de la República (PGR) y las únicas que hay están basadas exclusivamente en el dicho de dos testigos protegidos, cuyos testimonios son insuficientes para sustentar una condena acusatoria contra el militar, informaron a La Jornada el abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana y funcionarios del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con documentos ministeriales expedidos por la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, las acusaciones que formularon testigos protegidos al militar –durante la gestión de Marisela Morales Ibáñez al frente de la PGR– no fueron investigadas ni corroboradas por la dependencia y sin embargo se le acusó de delitos contra la salud y delincuencia organizada.

En entrevista con La Jornada, el litigante informó que “el hecho de que la subprocuraduría haya notificado al juzgado que no corroboró las declaraciones de los testigos protegidos identificados como Jennifer y Mateo no significa que exista una retracción de la PGR, pero ello sirve a la defensa del general, el cual tiene ocho meses preso con acusaciones falsas”.

En los acuerdos emitidos por el juzgado tercero de distrito se dio a conocer que la PGR le informó mediante el oficio DGCPPAMDO/707/2013, que no tiene ninguna corroboración de las declaraciones realizadas por los testigos protegidos Jennifer y Mateo en las que involucran al general Ágeles Dauahare con integrantes de la delincuencia organizada, concretamente con el cártel de los Beltrán Leyva, y lo acusan de recibir dinero a cambio de protección para que el grupo criminal transportara droga en el territorio mexicano y no fueran capturados.

“Los deposados (declaraciones) de los testigos colaboradores no se encuentran corroborados con medio convictivo alguno, salvo el hecho de que el encausado fue servidor público de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin que al día de la fecha se cuente con probanza alguna para confirmar los dichos de los atestes Jennifer y Mateo”, refiere el acuerdo del juzgado tercero de distrito con sede en Toluca.

Esa información ayudará a demostrar la inocencia del general Ángeles y a soportar la inocencia que ha venido alegando durante el procedimiento, dijo el abogado Sánchez Retana.

Para obtener esa información de la PGR, el litigante solicitó a través del juzgado –como parte de las actuaciones para demostrar la inocencia de su cliente– que la actual Seido (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) respondiera si las 14 declaraciones ministeriales rendidas por los testigos protegidos entre noviembre de 2008 y el 17 de julio de 2012 habían sido corroboradas, ya que, como se mencionó, fueron tomadas en cuenta al momento de ejercitar acción penal en contra de mi cliente.

En el documento, del cual posee copia este diario, la defensa de Ángeles Dauahare solicitó a la Seido que, “en caso de contestar afirmativo al cuestionamiento anterior, deberán señalar de forma detallada todas y cada una de las diligencias que haya realizado dicha representación social federal, hasta el día de hoy, para corroborar los deposados ministeriales de los referidos testigos colaboradores Jennifer y Mateo.

Esta prueba se ofrece con el objeto de constatar la veracidad de lo manifestado por los multicitados testigos colaboradores, en relación a que mi defendido colaboraba con la delincuencia organizada, solicitó el litigante.

La respuesta de la PGR fue dada a conocer el lunes, al reconocer ante el juez que no comprobó las acusaciones realizadas contra el general Tomás Ángeles Dauahare. La información obtenida por la defensa podrá ser utilizada por los generales Roberto Dawe, Ricardo Escorcia y Rubén Pérez Ramírez, así como el teniente coronel Silvio Alejandro de Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz, quienes fueron acusados por los mismos hechos y los mismos testigos.

En el caso del general Ángeles Dauahare, su sentencia podría ser emitida en un plazo de tres meses (el Código Penal Federal otorga ese plazo al juez, en teoría, para emitir una resolución de primera instancia), toda vez que fue el primero en solicitar que ya se le dicte sentencia y haya pedido que se cancelaran todos sus careos con los testigos protegidos, por considerar que su inocencia ha quedado plenamente demostrada.