Una vez que se conoció el fallo sobre el caso de Florence Cassez, el presidente Enrique Peña Nieto se declaró absolutamente respetuoso de la decisión del Poder Judicial, y subrayó: hemos comprometido respeto total y una absoluta colaboración institucional con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) sostuvo que la determinación de la primera sala de la SCJN es una clara descalificación de la actuación de Felipe Calderón en materia de procuración de justicia.

Demandó que se finquen responsabilidades contra quienes cometieron irregularidades en el proceso judicial contra la ciudadana francesa, entre ellos Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública.

En la Comisión Permanente la determinación del máximo tribunal del país generó controversia entre diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y del Trabajo (PT).

Mientras el fallo fue calificado de pifia por la oposición, el priísmo consideró que es un punto de credibilidad social para el Poder Judicial de la Federación.

Lilia Aguilar (PT) expuso que la decisión no sólo significa una pifia; es un mal precedente en las determinaciones del sistema judicial, y añadió que el fallo genera suspicacias porque da la impresión de ser resultado de un acuerdo entre el gobierno de México y el francés, y propicia la determinación de la administración federal de ceder a las presiones del país de origen de Florence Cassez.

Por el contrario, Arturo Zamora (PRI) expuso que ante las violaciones al debido proceso, la Corte asumió una determinación que da credibilidad al sistema de justicia mexicano.

Al preguntarle si se puede imputar responsabilidad a las autoridades responsables del montaje mediático de la captura de la banda de Los Zodiaco y a Televisa, el senador priísta consideró que en la ley se contempla el castigo para los responsables del servicio público cuando incurren en falsedad y en montajes de información; no obstante, en ningún apartado de la ley se vislumbra castigo para los particulares.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, el priísta Omar Fayad, aseveró que el caso fue resuelto con todos los elementos de derecho.

Dijo que los ministros de la SCJN decidieron dejarla en libertad porque “no tuvieron en sus manos pruebas suficientes para su condena; tendremos que respetar esa decisión, y esa es la verdad histórica.

La sociedad tendrá una opinión muy particular, porque las organizaciones de víctimas, la sociedad civil organizada, han considerado que existían pruebas que ellas mismas ofrecieron y aportaron, y en virtud de ello no les va a gustar la resolución, pero tenemos que ser respetuosos de las leyes y de la resolución.

En entrevista, dijo que para nosotros tiene que quedar claro que esto ha sido resuelto en el Poder Judicial, y si creemos y confiamos en las instituciones de México, tenemos que estar conscientes de que han dado su último veredicto y se convierte en verdad histórica. Que quede claro: la Corte sólo le otorgó el amparo por violaciones a derechos humanos y al debido proceso; jamás dijo que era inocente, eso sí jamás lo van a poder sostener. No se resolvió la inocencia, sino las violaciones graves a derechos humanos y al debido proceso.

El coordinador parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, consideró lamentable que la resolución no haya atendido el fondo de la responsabilidad y la consecuencia que implica para las víctimas.